El origen de creación de la Suprema Corte de Justicia está justificado por dos razones, la primera es que con el establecimiento de este tribunal se marca la supremacía y el valor normativo de la Constitución frente a las leyes, la segunda, consiste en resolver jurisdiccionalmente el reparto competencial propio de los países con organizaciones complejas, como son los Estados federales. De ello deriva que el tribunal constitucional se convierte en el intérprete supremo de la Constitución.
Competencialmente hablando, este tribunal debe conocer del control de las leyes, en abstracto y con motivo de actos concretos de aplicación, así como de los conflictos entre órganos de poder.
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Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.
Pues bien para el ejercicio de esta importante labor los once ministros de la Corte deberán ajustarse a lo establecido en la constitución política de los estados unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que los obliga a cumplir su labor con los más altos índices de probidad y honradez.
Sin embargo, el ejercicio de su función con las características de probidad y honradez tienen un alto costo para los mexicanos, ya que un magistrado de la Suprema que menos gana al mes percibe la cantidad de $350,800.00 pesos y el que más, recibe una percepción de $563,417.00 pesos, cantidades conocidas hasta 2015. Y de estos últimos, son seis de los once que integran la Suprema Corte.
Por lo que podemos observar, los magistrados anualmente nos representan un gasto de aproximadamente 11 millones de pesos, cantidad que resulta inapropiada y hasta grosera para una sociedad que se encuentra sumida en una crisis económica sin precedente y que se precipita al ocaso ante el apremio de sus finanzas públicas.
Resulta injustificable que una sociedad con estas características esté pagando el sistema judicial más caro del mundo, y que por ejemplo, resulte 93% más barato, un juez de la Corte de Estados Unidos, que uno mexicano, por increíble que parezca.
Los magistrados de la Corte, son los funcionarios públicos que gana más que el Presidente de la Republica, a pesar del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que establece en su artículo número 8 que: “Ningún servidor público podrá recibir una remuneración , en términos del artículo 14 del presente Manual, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos, en caso contrario, se realizarán los ajustes correspondientes, así como las recuperaciones y enteros que procedan, en términos de las disposiciones aplicables”.
Pero a manera de excepción para ese manual, se estableció que los únicos que no verían afectadas sus retribuciones nominales y que podrían seguir ganando más que el presidente de la República son los integrantes del Poder Judicial y los consejeros del hoy INE que estuvieran en funciones hasta el 31 de diciembre de 2009.
Lo anterior gracias al Transitorio primero del Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que Regula las Remuneraciones para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diez y del que se desprende: “Conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General Plenario 4/2005, del veinticinco de enero de dos mil cinco, relativo a la estructura y a las plazas del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustituido posteriormente por los diversos 8/2005, 16/2005, 15/2006, 2/2007, 19/2007, 5/2008, 13/2008 y 10/2009 la transformación de las plazas con motivo de la entrada en vigor del primero de esos Acuerdos Generales no afectó los derechos de los trabajadores de la Suprema Corte que se adquirieron respecto de las plazas que anteriormente ocupaban, por lo que las percepciones que algún Servidor Público de ese Tribunal Constitucional haya disfrutado en los años dos mil cuatro a dos mil nueve, también las recibirá en dos mil diez”.
Situación por demás discriminatoria, colmada de desigualdad social, tal parecería que por el desempeño de sus actividades, los magistrados de la corte adquieren una calidad superior de mexicano que les permite estar por encima del bienestar común.
Seguir manteniendo privilegios como estos, son los que no nos permite avanzar como sociedad, privilegiar a quien tendría que ser su único privilegio servir con entrega y sacrificio, sin embargo, los ministros han rechazado categóricamente bajar sus sueldos apelando a principios constitucionales y a la necesidad de garantizar la autonomía e independencia de los funcionarios públicos federales, hágame usted el favor, como si no supiéramos que de autónomos e independientes solo tienen el sueldo, el cual se ha convertido en el precio que tenemos que pagar por su honradez.
[El autor es director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, A. C.]