La ley del notariado publicada en el periódico oficial el 31 de diciembre de 2015, es letra muerta en muchos de sus capítulos para la arrogante clase social que conforman los notarios en Puebla. Coludidos todos ellos entre sí y la propia estructura burocrática de la Secretaria General de Gobierno que se supone regula la conducta y actuación de estos, afirman quienes requieren de sus servicios, han integrado propiamente “el cartel de los notarios en Puebla”.
Dicho por los escasos probos notarios del estado, el colegio es un escaparate para eventos sociales y concertaciones con el gobernante en turno, pero además desde su interior se ejerce una defensa a ultranza de notarios que han despedazado la fe pública en actos ilegales.
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La mayoría de notarías públicas en el estado laboran con un grupo de corredores encargados de enganchar asuntos aun cuando los mismos sean de origen ilegal y deba legalizarse por la vía de la fe pública.
El capítulo IV, de la Ley del Notariado es borrado tácitamente cada fin de sexenio por el gobernador en turno para asignar nuevas notarias a personajes políticos y/o cercanos a la clase gubernamental, empero, nada de ello es nuevo, la herencia de los gobiernos priistas se trasladó a los panistas y las corrientes que conforman este partido.
La Dirección General de Notarias, dependiente de la Secretaria General de Gobierno, es el órgano encargado de cabildear cualquier tipo de queja que pese contra los notarios con el colegio de estos.
Hasta ahora no existe precedente legal alguno, en el que se establezca que la fianza de un millón de pesos que se supone depositan los notarios para garantizar su actuación, se les haya hecho efectiva por el mal manejo de su fe pública.
El procedimiento de queja administrativa contra la actuación de los notarios es una verdadera burla para los ciudadanos quienes nunca llegan a conocer los resultados de alguna sanción y el ejercitar juicio de amparo bi instancial contra el actuar de la Dirección General de Notarias, solo produce efectos de mayor dilación pues las redes del denominado “Cartel del Notariado en Puebla”, son extensas y encuentran cobijo incluso en los tribunales dela federación por absurdo que parezca.
Rasgarse las vestiduras frente a la designación de nuevos notarios cada fin de sexenio es cosa de risa para viejos notarios con los que el autor de estas líneas platicó, pues refieren que ello quizá termine cuando las notarías por su proliferación dejen de ser negocio.
Desde las notarías públicas del estado se litiga un alto porcentaje de los asuntos que se ventilan en los juzgados civiles y familiares, ello por interpósitas personas e incluso por quienes suelen ser notarios auxiliares.
Existen casos extremos de notarios que han despojado de sus propiedades a diversas personas bajo el amparo de la fe pública, muestra de lo que cito es el inmueble ubicado en la avenida Teziutlán sur número 67 “A”, de la Colonia la Paz en esta ciudad, mismo inmueble que alberga ilegalmente a la notaria publica número 6, cuyo titular es el licenciado Pablo Daniel González Aragón Sánchez, quien sirviéndose de contratos de compra venta apócrifos y coludido con otros notarios se aferra a desocupar dicho inmueble no obstante haber sido vencido legalmente en el Juzgado Noveno de lo Civil, donde no se evidencia la intención de cumplimentar su propia ejecutoria, esto es, disponiendo la desocupación del inmueble, esto último porque simplemente se privilegia a un nuevo cartel en Puebla.
Concluyo, de dominio público fue la agresión física dolosa que sufrió conocido notario de la colonia el Carmen en la capital del estado y el acontecer en la sierra norte, no obstante lo cual “el cartel del notariado”, se fortalece día a día en una estructura corrupta que pareciera se genera en un fenómeno de ósmosis que permite a dicho cartel mantener sobrevivencia por sumisión al gobernante en turno, quizá esta es la clave de todo lo anterior.
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