Después de cinco años y ocho meses, la promesa realizada en campaña llegó, aunque nuevamente resultó un claro acto de cómo ante los ojos del ciudadano y con actitud faraónica se proponen leyes que lejos de buscar el bienestar común, su único objetivo es seguir tapando la basura administrativa y los malos manejos que sólo resultan en beneficiosos y lucrativos negocios para la cúpula gubernamental.
El paquete de iniciativas de reforma presentadas por Rafael Moreno Valle, homologará las leyes locales con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que deberán ser armonizadas las leyes de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Puebla, la Ley de Fiscalización, las leyes Orgánicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Código penal y la Ley de Transparencia. Además se consolidará una Fiscalía Estatal Anticorrupción y el nombramiento de un fiscal. Aunado a que con esta Fiscalía se creará un comité de participación ciudadana.
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Dicha propuesta establece la creación de un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno, por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana, es decir, puro empleado del gobernador que gracias a él ocupa y ocupara dichos cargos al menos siete años más. Cual autonomía? Cuál independencia? Con estas prácticas transexenales amañadas.
Aunado a lo anterior, este Sistema Estatal Anticorrupción, no requiere a los servidores públicos presentar su declaración fiscal, sólo la declaración patrimonial y de intereses, pero no hace referencia a la fiscal, la cual demuestra que un contribuyente ha cumplido con el pago de sus impuestos. Situación totalmente discriminatoria y lasciva para con el resto de los ciudadanos.
Propone también crear el Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dirimir controversias, entre particulares y la administración pública estatal o municipal. Asimismo, establecer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para sancionar por la vía penal a los funcionarios públicos que incurran en actos constitutivos de un delito. Y fortalecer a la Auditoría Superior del Estado, confiriéndole nuevas facultades, entre las que destaca, realizar auditorías en tiempo real y en el caso de la Secretaría de la Contraloría, su títular deberá ser ratificado por el Congreso del Estado.
Con todo esto parecería una verdadera opción para erradicar el alto nivel de corrupción en el estado, pero resulta que tanto jueces del Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal Especializado para combatir la Corrupción y el Auditor Superior del Estado, todos ellos serán propuesta del gobernador y ratificados por las dos terceras partes del Congreso del estado, lo que como indiqué anteriormente los convierte en protectores de los intereses de quien los puso en el cargo y a quien deberán la estabilidad económica que ostentaran durante más de tres lustros, ya que la propuesta de ley señala que los jueces del Tribunal de Justicia Administrativa duraran en su encargo 15 años, lo que por lógica hace pensar que, jamás van a fallar en contra de algún miembro de la actual administración, es decir, todo queda entre cuates..
Asimismo, planteó irrisoriamente la falsa eliminación del fuero constitucional para los servidores públicos, planteando una reforma al artículo 126 de la Constitución Política del estado, en la que se indica que los funcionarios tendrán esta protección a menos que dos terceras partes de los diputados se las retiren, figura jurídica que bien puede usarse para proteger a los amigos impidiendo se les retire el fuero, o para defenestrar a quienes hayan caído en desgracia o a los enemigos políticos, para quienes se aplicará todo el peso de la ley.
Es decir, que para procesar por un delito del orden común a un Diputado, al Gobernador, al Auditor Superior, a un Magistrado o a un Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se necesita que la Legislatura, erigida en Gran Jurado, declare por los dos tercios de los votos de sus miembros presentes, si ha lugar o no a formarle causa. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, propuesta que sólo insulta la inteligencia del ciudadano.
Con todo lo anterior, creo que los poblanos debemos aprender de otras entidades federativas como Sonora, estado de México y Guanajuato, donde sus representantes populares, en un verdadero ejercicio de representación y búsqueda de un cambio que otorgue un óptimo desarrollo de sus constructos sociales, realizaron propuestas legislativas que requiere a los servidores públicos cumplir con las tres declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, o de Jalisco quien dio un paso importantísimo en la construcción de la democracia mexicana al eliminar totalmente el fuero a sus servidores públicos.
Pero en el caso de Puebla, la situación es muy distinta y seguramente el paquete de leyes del Sistema estatal Anticorrupción, serán aprobadas por el Congreso, tal como fueron presentadas, consumando el armado de un blindaje a prueba de la inconformidad ciudadana. Total “el poder, se hizo para joder”.