Al decir del formidable administrativista español Fernando Garrido Falla, encomendar en ley atribuciones políticas a entidades paraestatales es iniciar el camino hacía el menoscabo del Estado como institución, o mejor sería hablar acaso incluso de su privatización ; a mediados de los años 90 , la función electoral fue encomendada a una paraestatal ( organismo público descentralizado) denominado IFE del que el INE es sucedáneo y causahabiente universal.
Por aquellas fechas, al entonces Presidente del Consejo General del IFE José Woldenberg, también se le saldría de control el listado nominal, sabiéndose posteriormente que los datos personales de los mexicanos habrían sido comercializados por empresas clandestinas extranjeras relacionadas con el FBI, y cosa curiosa, con la firma “Bacardí” con la que por cierto están relacionados comercialmente sus los Cherstorivsky, emparentadas con el propio Woldenberg.
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Por esas fechas, la propaganda gubernamental acuñó la consigna por demás gazmoña y ridícula de que la organización electoral entraba a una etapa de “ciudadanización”; a lo largo de la historia de México, habrían estado al frente de las funciones electorales hombres como Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel Romero Rubio, Manuel Calero, Alberto García Granados, Manuel Aguirre Berlanga, Adalberto Tejeda, Plutarco Elías Calles, Ignacio García Téllez, Miguel Alemán Valdez, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Mario Moya Palencia, Jesús Reyes Heroles, Enrique Olivares Santana, Manuel Bartlett Díaz, y Fernando Gutiérrez Barrios; habiendo sido todos ellos mexicanos por nacimiento y gozando plenamente de la mayoría de edad al momento en el que desempeñaron las funciones electorales del caso, por lo que, en conclusión, en México las elecciones siempre de los siempre han estado a cargo de ciudadanos.
También por aquellas fechas, se dejó correr la consigna lacrimógena de que México “ transitaba hacia la Democracia” , lo cual me llama poderosamente la atención, ya que en el país hay elecciones desde la sucesión presidencial de Guadalupe Victoria en 1828, alguien me podrá decir que en aquella ocasión las elecciones las ganó Gómez Pedraza y se las robó Vicente Guerrero, lo cual es estrictamente cierto, exactamente en la misma medida en que, en la sucesión de General Ulisses S. Grandt en 1876, las elecciones habrían sido ganadas por Tilden y terminaría robándoselas Hayes; o como en 1960 las habría ganado Nixon y se las robaría Kennedy con el apoyo del alcalde Bradley de Chicago y el respaldo mafioso de San Giancana y John Rosseli en Ilinios y Texas; y, finalmente, como en 2001 las habría ganado Al Gore y terminaría por robárselas Bush; a nadie nunca, sin embargo, se le ocurrió chantajear por tales hechos a los Estados Unidos de Norteamérica para que desmantelaran sus núcleos de poder político forjados a lo largo de su historia particular con miras a someterlos a un proceso de balcanizados para que potencias ajenas pudieran posteriormente adueñaran de sus recursos estratégicos y expoliar a su población.
En el contexto histórico referido, por lo demás, se abandonó el sistema de calificación de elecciones por la vía de colegios electorales tal y como es propio de un sistema presidencial con plena división tripartita de poderes, y se entronizó un tribunal de pleno de Derecho para encargarse de tales menesteres, tribunal que un principio se conformó como un cuarto poder para ser adscrito con posterioridad al Poder Judicial d ela Federación, lo anterior , en un país cuyas instituciones se habrían erigido sobre la base angular del rechazo tajante a la existencia de un cuarto poder tras el estruendoso fracaso de la “Siete Leyes Constitucionales “ de 1836, y en las que los debates por la sucesión de Sebastián lerdo de Tejada en 1876 habrían sido zanjadas con la acción del Golpe de Estado encabezado por Don Porfirio Díaz desde “Tuxtepec” en 1876 y con los posteriores criterios judiciales sostenidos por Ignacio L. Vallarta al frente d ela Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus célebres “Votos” dirigidos en lo fundamental a concretizar el absoluto rechazo político del estado a la tesis de la “competencia de origen” que en su oportunidad esgrimiera José María Iglesias; olvidándose con ello que, de conformidad con la teoría de sistemas, los elementos discordantes en un sistema crean entropía, sobre todo cuando tales elementos contravienen los principios torales y definitorios del sistema en cuestión.
Hoy, por lo demás, y al igual que a mediados de los años 90, los datos personales del Listado Nominal de Electores son motivo de comercio clandestino e ilícito y, en consecuencia, la organización electoral surgido en esa etapa histórica se enfrenta a su debacle y al más total de todos sus fracasos .