La tortura es el sello de la casa en México. El gobierno de manera hipócrita censura los hechos que han sido públicos y por el otro permite que suceda recurrentemente en ministerios públicos y procuradurías.
Ni todos los delincuentes son inocentes ni todos los inocentes son culpables pero frente a un acto de tortura cualquiera puede confesar un asesinato sin haberlo cometido ó ¿Quién es inmune a los toques eléctricos en los testículos, la asfixia o a ser encañonado en la cabeza?
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Ante la conclusión de la ONU respecto a que la tortura es sistemática en México, el gobierno federal reaccionó muy mal y no es para menos, a nadie le gusta que la casa se vea sucia pero la negativa tampoco resuelve el problema interno.
Esta semana la pregunta fue ¿Dónde aprendieron dos militares y un policía federal a torturar? Las imágenes de una detenida en Guerrero asfixiada con bolsas de plástico abrieron la puerta a este cuestionamiento que pulveriza los discursos sobre el respeto a los derechos humanos de cualquier mexicano.
Ahora bien, los comentarios que giraron en torno al video que circuló en redes sociales fueron contrastantes, hubo quienes censuraron la tortura y otros que apoyaron la acción por considerar que la "víctima" era victimaria, dedicada al secuestro, extorsión y homicidio.
¿Y no para eso hay procuradurías con personal capacitado y experiencia probada para obtener confesiones verdaderas y evitar que los delincuentes salgan por la puerta grande cuando sus abogados demuestran la tortura durante los interrogatorios?
Si hasta los peores criminales tienen garantizados sus derechos humanos ¿Por qué regalarles la libertad con actos ilegales? Para darle mayor credibilidad a las confesiones de los inculpados sería importante dejar testimonio de todo el procedimiento, lo cual también impediría a los delincuentes victimizarse.
Penosamente, la francesa Florence Cassez fue uno de los casos más emblemáticos de cuando la autoridad falla en sus procedimientos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que decretarle la libertad a una mujer acusada de mutilar a las víctimas de su novio porque el gobierno violó el debido proceso de esta secuestradora. No fue declarada inocente pero tantito faltó para que Mexico le ofreciera "Usted, disculpe".
En Tlaxcala, hay denuncias de un grupo de ex policías estatales acreditables recluidos en el penal de Apizaco sobre haber sido torturados en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para aceptar su participación en un secuestro exprés.
He hablado por separado con la esposa y el hijo de dos ex uniformados y ambos señalan que la acusación es fabricada por la PGJ pero existe evidencia de que sus familiares fueron agredidos en sus genitales y lacerados de las manos para firmar la confesión forzada.
La Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala ha sido acusada de omisa pese a las quejas de los familiares de los ex policías, a quienes meses antes del hecho entregaron reconocimientos por su destacada labor dentro de la corporación policial. No hay interés de la PGJ de Tlaxcala por emitir un pronunciamiento del caso, y mientras tanto el proceso legal de los ex agentes continúa sin prisa para el fiscal.
Aunque en México falta mucho por hacer tampoco hay interés en cambiar los puntos descompuestos del sistema policial. La justicia por mano propia nos proyecta como un país primitivo y principalmente cuando los garantes de la ley son los primeros en romperla, a sabiendas de que traicionan su compromiso con la patria.
También es justo señalar que el Ejército Mexicano es la institución que mayor confianza genera en la sociedad y para evitar que su prestigio sea dañado por elementos desleales, necesita prevenir y castigar duramente los abusos de autoridad. Ya lo dijo el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos ante 25 mil militares "la ilegalidad no se enfrenta con más ilegalidad y quienes actúan como delincuentes no son dignos de pertenecer a las Fuerzas Armadas".
Mi cuenta en Twitter @estradapaty