En las últimas semanas hemos visto una iniciativa ciudadana y de organizaciones, ha comenzado a posicionarse como una de las principales apuestas de la sociedad civil, para abatir la corrupción en el gobierno. Esta ley busca convertirse en lo que será la ley general de responsabilidades administrativas, en consecuencia de la creación del sistema nacional anticorrupción.
A través de la recolección de 120 mil firmas las organizaciones no gubernamentales participantes en esta iniciativa, pretenden enviarlas al Instituto Nacional Electoral con la finalidad de poder legislar sobre 3 puntos específicos a través de la declaración de servidores públicos en los temas patrimonial, de intereses y fiscal.
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Con el objetivo de combatir la corrupción los promotores de esta iniciativa pretenden que los funcionarios públicos, y actores privados observen reglas claras de conducta a través de tres simples declaraciones y con ello definir el tipo de sanción a la que se harán acreedores, en casos de corrupción.
La primera declaración que es la patrimonial, ya se encuentra establecida por las leyes de servidores públicos y éstos tienen la obligación de presentar dicha declaración al inicio de sus actividades dentro del gobierno, anualmente y al término del servicio, por lo que no es nada nuevo.
La que podría ser más ambigua sería la de intereses, ya que los servidores públicos deben declarar la posibilidad de enfrentar conflicto de intereses. Algo así como difundir tu lista de amigos de facebook, lo que podría limitar la efectividad de esta iniciativa.
La última que sería la fiscal, se encuentra contemplada por las leyes fiscales ya que, los servidores públicos se encuentran registrados ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el régimen de sueldos y salarios, por lo que el patrón, en este caso el gobierno que los contrató es quien declara por ellos. Lo interesante es transparentar esta información.
Las herramientas de la participación ciudadana son útiles, siempre y cuando puedan tener un verdadero impacto en la sociedad. El reto como lo plantea esta iniciativa es que la legislación que desarrolle la reforma constitucional parta de una política pública completa, articulada y coherente.
La iniciativa también hace referencia a la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción que dice: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
El tema del combate a la corrupción va más allá de sólo llenar declaraciones por los burócratas, es un asunto de fondo. Tiene que ver con prácticas que se han visto institucionalizadas, opacidad gubernamental, nula transparencia, comités cooptados y poca participación de la sociedad a través de contralorías sociales. Por eso se dice que en México la corrupción es sistémica.
Esperemos que las propuestas ciudadanas sigan teniendo avances y que se enfoquen en otras iniciativas sociales como el referéndum, la revocación de mandato o la iniciativa popular, para que los ciudadanos podamos ejercer el voto y el veto, de modo que nuestra democracia se convierta en una forma de vida como dice la Constitución mexicana “fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” y una forma de rendición de cuentas de nuestros gobernantes de tal manera que no tengamos que esperar cada proceso electoral como la única oportunidad de castigar malos gobiernos.
La iniciativa se puede consultar en la página www.ley3de3.mx