La transparencia en el uso de los recursos se ha vuelto más que una necesidad, una obligación para quienes ejercen el poder público. Durante mucho tiempo, el endeudamiento irresponsable por parte de los estados y municipios ha generado un gran descontento social, en virtud de que son pasivos que todos pagamos generación tras generación y que, lejos de disminuir, aumentan exponencialmente con cada administración.
En virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal presentó el pasado 17 de agosto la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios, misma que fue discutida y aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 3 de diciembre, para después ser remitida al Senado.
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El dictamen de dicha ley contempla diversos mecanismos que, sin duda, resultan novedosos y de mucha utilidad para lograr el manejo responsable de deuda por parte de estados y municipios.
Una de las más importantes es que antes de contratar deuda, las entidades federativas y los ayuntamientos deberán especificar el destino de los recursos –inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura- y contar con la aprobación de 2/3 partes del Congreso Local, previo análisis de la capacidad de pago y destino.
Para contratar bajo el esquema de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) cuyo pago –en caso de servicios- incluya la justificación de la inversión pública productiva realizada, se hará bajo las mejores condiciones del mercado, eligiendo la de menor costo financiero.
Otro aspecto novedoso que incluye esta ley, es el sistema de alertas encargado de medir los niveles de endeudamiento de los estados, municipios y otros entes públicos, clasificándolos en tres categorías –sostenible, observación, elevado-.
Lo anterior, implica que estos entes públicos tendrán un Techo de Endeudamiento Neto Permitido que se publicará cada tres meses en la página de la Secretaría de Hacienda. Con el fin de disminuir los costos de la deuda, ésta se limitará al 3.5% del PIB de acuerdo con la DEG –Deuda Estatal Garantizada-.
Existirá, además un Registro Público Único donde se inscribirán todos los financiamientos y obligaciones “de manera enunciativa más no limitativa, créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones Público-Privadas”, de acuerdo al artículo 49 de la Ley; lo anterior quiere decir que los PPS son pasivos para los estados.
Un concepto fundamental dentro de la Ley de Disciplina Financiera, es el que se refiere a la Rendición de Cuentas, Sanciones y Fiscalización que establece entre otras, las sanciones –penales y administrativas- a los servidores públicos que incumplan con sus obligaciones.
Sin duda, la aprobación de este dictamen de ley, será de vital importancia para todos los mexicanos, en virtud de que moderniza el sistema de deuda para hacer eficiente y óptimo el uso responsable de los recursos de Entidades Federativas y Municipios.