La transparencia es una condición para otorgar credibilidad a los mandatos de gobierno, pero también, es indispensable para consolidar negocios e inversiones que garanticen además de estabilidad, calidad y credibilidad en los empresarios.
La obra pública ha sido etiquetada con un tabú, donde las licitaciones han sido cuestionadas en diversos momentos, debido a las formas, gobiernos, conveniencias y situaciones que han puesto en duda a nuestro gremio, cuyo única finalidad, es la de competir, concursar y buscar presentar las mejores propuestas para lograr ganar la realización de proyectos con impacto social.
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Lo que recientemente se ha difundido por el gobierno de Nuevo León, al transmitir en vivo la revisión de proyectos de obra pública licitados en el actual mandato de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, no es una innovación, es contundentemente, el apego a derecho que deben respetar gobiernos y sector privado.
Durante mucho tiempo, los constructores hemos sido blanco de ataques y críticas por las “formas” que eluden el verdadero fondo de transparentar las licitaciones de obra pública.
La competencia abierta, limpia, equitativa siempre será avalada por nuestro gremio; el país vive tiempos de mayor dinamismo competitivo, donde todos los actores que intervenimos o participamos en procesos de licitaciones, tenemos que saber trabajar con transparencia y calidad.
Es un buen momento, para que no sólo la obra pública pueda garantizar esa transparencia que venimos pidiendo no sólo los empresarios del sector, sino la misma sociedad.
Las licitaciones en todos los órdenes que manejan gobiernos y organismos descentralizados, deben ser sujetas a un escrutinio que pueda ser avalado por la creación de Comités Interdisciplinarios, donde intervengan no sólo las representaciones gubernamentales y el sector privado, también sería un avance y respaldo importante, contar con universidades, investigadores del área que se licite, consultores e incluso sociedad.
La evaluación y los fallos de las licitaciones exigen una transformación y adecuación a los nuevos tiempos, con la finalidad de dar más credibilidad a los gobiernos y exigirnos mayor competitividad como empresarios.
El reto no es menor ni responsabilidad exclusiva de gobiernos; se requiere de una participación conjunta que pueda consolidar la existencia de estos organismos colegiados, que nos ayuden a transparentar no sólo la asignación de recursos en obra pública, sino en muchos otros órdenes, donde los empresarios sólo pedimos competir con equidad, limpieza y transparencia.