Las últimas decisiones llevadas a cabo por la SCJN, sobre temas tan polémicos como el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción de menores por los mismos, la despenalización del aborto, así como el amparo otorgado a 4 personas para el uso lúdico de la mariguana, hacen resaltar el tremendo hoyo legal existente en nuestra legislación acerca de la toma de decisiones públicas mediante la consulta popular o el referéndum.
Y es que los defensores de tales medidas sostienen como argumento principal el hecho de que los derechos individuales no deben, ni pueden, ser sometidos a consenso ya que pertenecen a la esfera del denominado libre albedrío y que por lo tanto será el individuo el único responsable de hacer con su vida lo que quiera.
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Es la inexistencia de estos instrumentos de opinión, debate y decisión lo que ha permitido encontrar la puerta fácil de la demanda personal ante el tribunal supremo, basándose en el hecho de no respeto a los derechos individuales, resultando en el reconocimiento "legal" de los mismos, sin pensar un solo momento en el beneficio o perjuicio colectivo.
Sin duda lo que en otros países es materia común de consulta pública, en el nuestro solo se circunscribe a alegatos ante jueces que solo tienen que decidir entre la legalidad o no de un hecho, respuesta que efectivamente dan los magistrados otorgantes respondiendo ciertamente que a ellos solo corresponde determinar la constitucionalidad o no de la demanda, sin que tengan que acudir a otras consideraciones como investigaciones sociales, médicas, culturales, e incluso religiosas lo que implica en gran medida la intervención del poder legislativo quien se ha mostrado negligente, sordo y ausente de las discusiones públicas.
Lo que da risa es escuchar a los defensores de estas medidas, refiriéndose a estas medidas como históricas, de avanzada, de primer mundo, de sociedad madura, etc.; sin pensar el contexto social que vive nuestra nación donde los delitos de sangre, las adicciones, la desintegración familiar, el alcoholismo, los embarazos de adolescentes, y una larga de lista de sucesos nos hablan de una sociedad enferma y por lo tanto con la dudosa capacidad de tomar decisiones que pasando por lo individual si afectarán a lo colectivo.
Es por eso que el famoso debate acerca de la legalización del uso de la mariguana resultará fuera de tiempo, inoperante e innecesario, ya que las demandas resultarán en jurisprudencia lo que obligará a los jueces a determinar la legalidad del consumo de esta droga.
De no dar cabida a instrumentos como la consulta pública o el referéndum, con carácter de mandato seguiremos siendo sujetos de decisiones que dejarán fuera el sentir de la sociedad, olvidando que la razón de la existencia del pacto social plasmado en nuestra carta magna implica el sacrificio de lo individual para dar lugar al beneficio de lo colectivo.
¿Será que la SCJN decida sobre el mismo concepto las demandas de la invalidez de reforma energética, o laboral, o educativa y dar lugar a los derechos individuales?