Un síntoma de la descomposición social en la que vivimos, la reflejan los lamentables acontecimientos en el municipio de Ajalpan, donde Rey David y José Ángel Copado Molina perdieron la vida a manos de una multitud enardecida, seguramente presa de muchos factores que por ningún motivo resultan justificables ante el salvajismo, la tortura y los linchamientos de dos personas a las que se les acusó, se les juzgó y se les condenó sin pruebas.
La crudeza y la frialdad con la que una persona puede llegar a matar, quedó captada a través de las filmaciones que los propios verdugos se encargaron de difundir a través de las redes sociales.
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En estos últimos días, muchas han sido las versiones, todas contradictorias, que abonan a la confusión para asumir la responsabilidad de dos asesinatos en condiciones verdaderamente dolosas que exigen la detención de quienes alentaron las agresiones.
Acusados de secuestradores, estos jóvenes eran encuestadores contratados por la empresa Marketing Research & Service, quien realizaba una medición para el consumo de tortilla.
Alcanzados por el “rumor” que se acostumbra correr en este tipo de tierras bravas, donde difícilmente se entienden razones, porque primero se agrede y luego se conversa, los encuestadores fueron tildados así sin más ni más de secuestradores de niños.
Que cobarde valentía de esos grupos de hombres envalentonados tal vez con un poco de droga y alcohol, para perseguir y exhibir “a los extraños” que llegan a este territorio. Quizá, la jugada les resultó ampliamente jugosa cuando con este “castigo ejemplar” golpeaban a dos pájaros de un tiro: Presidente Municipal y Gobierno del Estado.
No se puede soslayar la ola de inseguridad que en esta región se ha incrementado en los últimos meses. Tampoco se puede ignorar, la confrontación política entre grupos que sin disimulo, pelean el control total de los sempiternos cacicazgos indígenas, que suelen redituarles buenas ganancias en tiempos electorales.
Pero y ¿dónde queda la responsabilidad de las autoridades? Quizá en el poco compromiso que se ha mostrado para cubrir las mínimas necesidades de un municipio muy golpeado por la pobreza.
Con un presidente municipal ausente que dicen sólo busca hacer negocios personales sin ejercer un verdadero mandato, los habitantes de Ajalpan justifican la mal llamada justicia por propia mano.
Argumento que es utilizado y manipulado por quienes esperaron el momento para incendiar a la gente y provocar una tragedia.
La falta de gobernabilidad no puede ignorarse. Entre un edil ausente y una tardía reacción del gobierno estatal, estalló una tragedia de dimensiones lamentables.
Días antes de esta lamentable tragedia, Gustavo Lara presidente municipal de este poblado, posaba para las fotos junto a Antonio Gali, precandidato a la gubernatura de Puebla. Junto a ellos, el gobernador Rafael Moreno Valle daba el visto bueno a la naciente “organización de alcaldes” que nacía para cobijar al delfín de casa puebla.
Las versiones sobre la indignación que en Ajalpan provocó tal encuentro no es extraña sobre todo para los grupos políticos que se disputan el poder.
Sin embargo, entre tantas vendettas políticas, dónde queda el reclamo genuino de un pueblo que justifica su actuar con el cansancio de tanta inseguridad.
Nada puede devolverles la vida a los encuestadores que sin deberla ni temerla llegaron al lugar menos indicado en un momento donde una fructífera venganza se antojaba perfecta, casi necesaria.
El gobierno del Estado asumió el control de la seguridad en Ajalpan, se inició la detención –dicen- de quienes participaron en los linchamientos.
Pero además de ellos, ¿cómo sancionar la irresponsabilidad de los gobernantes?. Muchos piden al edil Gustavo Lara separarse del cargo, al menos por un poco de dignidad. Y en el caso de Jorge Benito Cruz, actual responsable de la Secretaría General de Gobierno está más que vista su ineptitud para la toma de decisiones en situaciones críticas donde se requiere oficio político, que este señor no tiene.
Lamentablemente, queda evidenciado que entre la euforia de quienes preparan sus nuevos proyectos políticos, candidaturas, obras magnas para conseguir votos y toda clase de distractores que nada tienen que ver con mejorar la impartición de justicia, fortalecer la gobernabilidad y garantizar la seguridad, los últimos en ser prioridad para los mandatos son los ciudadanos, quienes corren el riesgo de ser manipulados o ceder a la demencia de unos cuantos que pueden llevarlos a provocar los más aterradores actos de barbarie.
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