La seguridad pública es el punto más frágil de los gobiernos. Cada vez es más recurrente que las comunidades enjuicien a presuntos ladrones, secuestradores y violadores sin medir las consecuencias legales.
Ahora en el municipio de Cohuecan dos presuntos secuestradores murieron linchados por un grupo de pobladores que aplicaron el "ojo por ojo", tras el rapto de una joven de 15 años que logró escapar y pedir auxilio a su familia.
Hace más de 15 días el municipio de Chietla vivió un ambiente de tensión cuando en represalia por la muerte de una anciana que fue amordazada y asaltada en su casa; la población quemó autos particulares y parte del inmueble municipal.
El pueblo confía en sus propias leyes cuando perciben que sus autoridades han sido coptadas o rebasadas por la incidencia delictiva y sus policías muestran incapacidad para desempeñar su papel eficazamente.
En Chietla no hubo detenidos y parece que en Cohuecan repetirán la historia, lo cual enviaría una pésima señal sobre un estado que enaltece la legalidad y la paz social.
El viernes pasado, un par de escoltas balearon a presuntos asaltantes de un cuentahabiente en la zona de Zavaleta; un joven de 24 años originario del Estado de México murió en el sitio; en ambos lados iban dispuestos a lo que fuera; unos a robar y otros a defenderse.
Ningún ciudadano puede ejercer justicia por mano propia porque violencia genera más violencia. Además, es un mensaje peligroso que tarde o temprano contagiará los ánimos en otras partes del estado inconformes con sus autoridades municipales.
El reto de las instituciones de procuración e impartición de justicia es actuar con prontitud ante un hecho delictivo; sería la mejor prueba de que Puebla no permite la impunidad ni los actos de barbarie.
Y en esta tarea hay corresponsabilidad del Poder Legislativo cuando llegan las poblaciones a protestar por el abuso de autoridad de sus alcaldes y regidores. Texmelucan, Tepatlaxco, Ocoyucan y varios más ya tienen focos amarillos.
Los diputados no pueden ignorar los problemas de gobernabilidad. Los manifestantes exigen atención a sus problemas con la advertencia implícita de que su paciencia se agota.
El Congreso de Puebla ha ido acumulando expedientes y ha minimizado que esas inconformidades sociales van a escalar en la medida que los alcaldes sigan operando con arbitrariedades e ineficiencia.
Los brotes de violencia de los últimos meses tendrían que encender la alerta de que los municipios cojean en la operación de sus policías y la administración pública.
Los ediles hacen y deshacen a su antojo sin ningún contrapeso político, y la gente al sentirse abandonada confía más en la ley del talión que en los órganos de justicia. Es cuestión de tiempo para que ocurra otra vez.
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OPINIÓN
La ley del talión
Patricia Estrada
Directora de noticias y conductora del noticiero de La Tropical Caliente 102.1 FM
Ex reportera de Ultranoticias, Radio Oro, Radio Tribuna y Momento Diario. Aprendizaje permanente del año 2001 a la fecha; egresada en Ciencias de la Comunicación UPAEP.
Lunes, Septiembre 28, 2015