La idea original por la que desde 2013 hemos estado en contacto con ustedes, ha sido la búsqueda de la Cultura de la Legalidad, desde el enfoque académico y profesional se han analizado aspectos del derecho fiscal, administrativo, laboral, civil, mercantil y penal. En esta ocasión deseo retomar el hilo conductor de estas colaboraciones partiendo desde lo básico: la Cultura de la Legalidad.
Renombrados juristas como la ministra Olga Sánchez Cordero, el ministro José Ramón Cosío, el Dr. Miguel Carbonell, el Dr. Eduardo de Jesús Castellanos, entre otros muchos, han buscado crear un concepto que represente la finalidad de esta fusión de éstos… si bien son de suma relevancia sus aportaciones para la investigación científica, considero que si la meta de la Cultura de la Legalidad es que todos los ciudadanos nos volvamos conscientes de nuestros derechos y obligaciones como miembros activos del Estado, una de las primeras labores de los juristas será aproximar a cualquier persona, sea o no conocedor del derecho, las herramientas para facilitar el cumplimiento de obligaciones y derechos.
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La asociación civil México Unido Contra la Delincuencia ha definido la Cultura de la Legalidad, como el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. Entonces Cultura de la Legalidad no sólo consiste en promover el conocimiento de los derechos y obligaciones en la sociedad, sino que ésta reaccione para identificarse con su Estado de derecho. Este es el verdadero reto, pues ¿cómo pretendemos que la población no sólo sea reflexiva sobre el orden jurídico, sino que además se interese en participar activamente en el Estado? La respuesta se encuentra en las mismas ONG´s y fundaciones, en el uso de herramientas como INFOMEX donde podemos preguntarle a todo el gobierno sobre básicamente cualquier inquietud, en la participación en Comités Ciudadanos –los hay desde Federales hasta Municipales- sobre el tema en el que pueda aportar ideas y proyectos sobre adjudicaciones, obra pública, igualdad de género, transparencia, planeación, etc, en el uso de las TIC´s para compartir resultados sobre evaluación al desempeño público… y hasta en la candidatura como ciudadanos independientes.
Ahora bien, si el peso de los actos de corrupción que ensombrecen el sector público desalienta el interés por participar activamente en el círculo virtuoso de las políticas públicas, que aún México se encuentra lejano a las propuestas de la CEPAL, pero que poco a poco el derecho ha logrado reconquistar espacios en beneficio ciudadano; entonces lo más próximo para promover Cultura de la Legalidad será fortalecer al Estado de derecho con el compromiso de no llevar los defectos que tanto se critican al sector público, en el espacio privado en que nos desenvolvamos: igualdad de condiciones de trabajo, de género, prácticas de prevención de acoso laboral, no beneficios por dádivas o regalos, ofrecer servicios de calidad, etc.
El estado de derecho no sólo abarca al conjunto de diputados, senadores, presidentes, gobernadores, ministros, magistrados, jueces, ministerios públicos, o cualquier gama de servidor público: lo integra todo el que ostenta nacionalidad mexicana. Si bien considero que la base de la Cultura de la Legalidad es el respecto al cumplimiento de las leyes, estoy convencida de que éstas se deben aproximar a todos los ciudadanos, con el compromiso no sólo de que tengan claros sus derechos y obligaciones, más bien de que con el ejercicio de la libertad de ideologías consagrada como derecho humano, con respeto al diálogo abierto las aspiraciones de todos sean contempladas por el derecho. En tanto el sistema jurídico no sea incluyente, la Cultura de la Legalidad tendrá un avance lento.
Como siempre, ha sido un placer saludarles. Estaremos dando seguimiento a las dudas que gentilmente nos expresan de estos y otros temas, así como a sus comentarios y sugerencias en: normapimentel@hotmail.com