Para los grandes analistas y estadistas, una de las grandes victorias en el Siglo XX, en Mexico fue la consolidación del sistema político, el sistema de partidos y, por ende, de las instituciones políticas. Este triunfo se le atribuye en gran medida (o en su totalidad) a la denominada familia revolucionaria, es decir, a aquellos ganadores y herederos de la Revolución Mexicana que fundaron el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. La creación de un sistema político fuerte, con un presidencialismo marcado, que corporativizo todas las esferas de la vida política fue sin duda la gran aportación de los gobiernos posrevolucionarios. Aun más, el llamado Sistema de Partido Hegemónico, como un Giovani Sartori denomino al sistema de partidos encabezado por el PRI, evolución natural del PNR.
De acuerdo con el famoso politólogo y economista norteamericano, las instituciones son aquellas reglas del juego político. Las instituciones que formó el PRI y sembró en toda la República, fueron organismos que hicieron del clientelismo y la corrupción su carta de presentación, por esta razón fue que construyeron un partido fuerte, que pudo aglutinar a organismos, que en un principio eran ajenos al partido dominante. Las reglas del juego político del Siglo XX (y todavía en el siglo XXI), están basadas en el caciquismo, en las prebendas, corrupción y el corporativismo político.
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Con la llegada del neoliberalismo estas reglas del juego fueron cambiando de forma pero no de fondo, el estado paternalista pudo mutar a un estado dominado por el libre mercado, prueba de ello son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado el primero de enero de 1994, fecha significativa por el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.
Constantemente se repite en el argot político que para garantizar la democracia y el Estado de Derecho se deben de respetar las instituciones y la forma de accionar de las mismas, quien ose desafiar las reglas o normas, por más restrictivas que sean, no debe de ser tomado en cuenta o simplemente minimizado. Ahora bien, la caracterización politológica de las instituciones políticas en términos meramente normativos, es fantasiosa e ilusoria; cuando se atenta contra la voluntad colectiva, contra el espíritu del pueblo, además de no contar un sistema de pesos y contrapesos eficaz, y en más de una ocasión atentar contra la vida misma, no podemos referirnos y conceptualizar a las instituciones como reglas del juego político, las cuáles deben seguirse a cabalidad.
Tal y como Michel Foucault lo señaló en muchas de sus páginas, particularmente en Microfísica del Poder “…para que el Estado funcione como funciona es necesario que existan fuertes relaciones de dominación bien específicas que tienen su configuración propia y su relativa autonomía”. Detrás de toda relación Estado-sociedad existe un componente neto de autoritarismo y dominación contra la voluntad colectiva, la conformación de una élite política, económica o hasta intelectual, es un claro ejemplo de ello. En otras palabras, cuando hablamos de instituciones hablamos de dominación, autoritarismo, corporativismo y, aunque no lo queramos ver, también violencia.
Es por lo tanto conocida la referencia constante que se hace al líder de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, quien en 2006 señaló “al diablo sus instituciones” haciendo clara referencia a la manera de actuar y de ejercer el poder por parte de la cúpula partidista representada en ese período por la binomio PRI-PAN, y que posteriormente el mismo político tabasqueño denominaría como el PRIAN.
A pesar de haber sido mencionada aquella frase hace aproximadamente 9 años, volvió a sonar fresca hace unas semanas, exactamente el 10 de febrero, ya que el propio López Obrador acompañado de los Senadores Manuel Bartlett y Ricardo Monreal, interpuso una denuncia contra el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El motivo de la denuncia es la represión y la criminalización de la protesta, situación que ha abonado diversos presos políticos y desapariciones forzadas, contra grupos como indígenas, defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios. La respuesta de Moreno Valle fue contundente: “Yo sí respeto las instituciones”, agregando lo siguiente: “yo sí respeto el Estado de Derecho y aplico la ley”.
Pero que se puede hacer en un lugar dónde el Estado de Derecho es un Estado que demuestra un odio de clase hacia diversos sectores de la ciudadanía y la sociedad civil. Donde es más peligroso defender los recursos naturales que administrar una red de prostitución y trata de blancas. En este mes de marzo se ha dado a conocer que Puebla es el primer lugar en feminicidios y violencia hacia la mujer. Las instituciones están hechas a modo, preservando un componente autoritario y de dominación, negando la vida y la democracia misma.
Ante este panorama negativo, una de las alternativas para frenar de nepotismo gubernamental es la acción colectiva. Ejemplos como PODEMOS en España y SYRIZA en Grecia, surgidos de los movimientos sociales en resistencia a la crisis política y económica, han demostrado que se pueden desafiar esas instituciones represivas, y se puede optar por un gobierno que priorice la voluntad colectiva. Recordemos que la democracia real (o radical) ante todo vela por la vida y el bien común.
En México hay distintas propuestas, una de las más fuertes, la conformación de un nuevo constituyente, ante la crisis de la representación política se deben de articular nuevos esfuerzos emanados de la sociedad civil. De la crisis viene la resistencia. De la resistencia viene la esperanza.
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