Es ya inquietante el alto número de mexicanos que a lo largo y ancho del territorio nacional, se muestran hoy públicamente inconformes o intolerantes con los efectos socialmente regresivos que acompañan a un modelo político perversamente oligárquico, montado sobre un modelo económico de suyo desigual.
Las desapariciones y las ejecuciones humanas, así como los descarados abusos de funcionarios en el ejercicio del poder público a través de cuanto instrumento legal se tenga a mano, son en mi opinión, incontrolables y grotescas consecuencias de la inmoral interpretación de los principios políticos establecidos originalmente en nuestra constitución general y los ajustes posteriores nacidos de la avidez de ventajas para los políticos del sistema.
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Los recursos de cualquier valor económico en el país han sido desde el término de la revolución mexicana, objeto de las aspiraciones y logros de grupos políticos legítimamente enmascarados y protegidos por las disposiciones que ellos mismos se han procurado desde las cámaras del poder legislativo. El escenario ha sido fecundo para la comisión de todo tipo de tropelías contra la sociedad y su legítimo patrimonio al amparo de un cuidadoso manto legal de impunidad, en cada uno de los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la unión. De ahí el interés de castas enteras en acceder y permanecer el mayor tiempo posible dentro del presupuesto público en cualquier espacio posible. No importa el precio que haya por pagar; lo mismo da ofrendar hijos o esposas, que ser públicamente exhibido y humillado o asumir complicidades al filo de la legalidad. Personalmente, la esperanza por tener acceso al botín justifica la deshonra hasta el nivel de en desvergüenza, porque la impunidad lo permite.
Dentro del sistema la fórmula para mantener productivo el modelo es relativamente sencilla: Todo está en compartir y asegurar legalmente los privilegios del poder y en otro escenario, promover el modelo asistencialista allá abajo, con las mayorías; con los votantes que no han cambiado su situación histórica de rezago social y económico; aquellos que quedando acorralados por la falta de oportunidades para su desarrollo, son vulnerables ante cualquier tentación de esfuerzo que les procure un ingreso seguro, igual que los de arriba, también a cualquier precio.
Los execrables y continuos actos de barbarie humana en el territorio mexicano muestran la cúspide de efectos producidos por el desaseo e inmoralidad en el ejercicio de la política. Las desapariciones y ejecuciones humanas en el territorio mexicano, así como las actividades delictivas organizadas, no están desvinculadas del ejercicio del poder. Tan solo son escenarios de la corrupción pública en esos espacios locales, que no son menos graves que los contubernios, excesos y enriquecimiento de los políticos en las cúpulas del poder directamente con el patrimonio nacional. Cada uno hace lo que puede en su entorno de poder. Como es arriba, es abajo.
Por eso no deja de ser mera retórica el llamado del poder ejecutivo a la unidad nacional, tanto como lo es la creación de otra unidad burocrática para el combate a la corrupción, o como un número (más) de identidad ciudadana, o un número telefónico de emergencias, o más leyes que no alcanzan a todos los pillos de arriba y abajo.
Estoy convencido de que el país entero superará esta severa crisis social, política y económica, en el momento que la cobija de la impunidad no cubra más a los presidentes de partidos políticos, presidentes de la república, gobernadores, presidentes municipales, secretarios de estado, diputados, senadores, magistrados y jueces. Los violentos e incontrolables hechos delictivos que agobian a las autoridades estatales y federales son sólo efectos de algo más complejo que ha permitido su incubación, desarrollo y generalización que tanto indigna a la sociedad mexicana y de varios países en el mundo.