En las últimas semanas se han puesto al descubierto acontecimientos que han conmocionado al país. La desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapan, Guerrero, ha provocado movilizaciones por parte de organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos.
La agresión de estudiantes en Guerrero ejecutada por la policía municipal de Iguala, ha evidenciado la facilidad con la que el narcotráfico se infiltra en las corporaciones policiacas del país.
El presidente municipal José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda y sus familiares, se presentan como los principales responsables de la desaparición de los estudiantes, esto muestra también, la colusión entre políticos y delincuencia organizada.
Otro de los sucesos que impactó de forma negativa en la opinión pública nacional e internacional fue la ejecución de 22 presuntos delincuentes por parte de miembros del ejercito, en el estado de México.
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Es un hecho que la administración federal sigue en deuda en cuanto al tema de los derechos humanos. Ejecuciones, desapariciones, torturas, asesinato y encarcelamiento de luchadores sociales, es una constante en nuestro país.
Estos eventos han llevado al ejecutivo federal a enfrentar la opinión pública nacional y extranjera sólo con un discurso de consolación hacia las víctimas y sus familias con el compromiso de llegar a las ultimas consecuencias, “tope donde tope”.
Ante este escenario, diferentes organizaciones y organismos, como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) y el parlamento europeo, se han pronunciado en contra de la impunidad que evidencia la poca o nula capacidad de solución del estado mexicano, ante la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país.
Entre las diferentes recomendaciones, destaca la de Amnistía Internacional que exige al gobierno mexicano que peritos forenses argentinos “reciban todo el respaldo institucional durante el proceso de exhumación e identificación de los restos encontrados”, y que Peña Nieto acelere y garantice “una investigación rápida y exhaustiva sobre estos terribles abusos”, para que las promesas de México sobre el respeto a derechos humanos “no queden en meras declaraciones”.
Lo que hemos observado en estos últimos días es también, la pobre actuación de los diferentes actores del estado mexicano. Por ejemplo, el poder legislativo en ambas cámaras sólo ha servido como foro a los partidos políticos para culparse unos a otros, exigir la inmediata acción del gobierno federal y pedir al INE que blinde la selección de candidatos para el 2015, pero nada sobre el respeto a los derechos humanos.