Una de las funciones de la escuela, es, entre otras, educar para la democracia, y está referida al desarrollo de las capacidades y habilidades para una convivencia social fundada en la solidaridad, la participación y el respeto, entre otros valores. Esta función es crítica para efectos del desarrollo de la autoconciencia y la responsabilidad social, dado que permitirá a los estudiantes participar como sujetos solidarios y críticos, en la escuela y en la sociedad. Al respecto el director general de la UNESCO (1993) afirmaba que la educación para la democracia implica el empoderamiento de todos los individuos para participar activa y responsablemente en todos los ámbitos de la vida política y social.
Ahora con el regreso a clases, pensando que las escuelas son como la segunda casa de los jóvenes, en ellas se promueven valores éticos, familiares, cívicos y democráticos; y aunque la democracia se ha quedado en la puerta de muchas escuelas, podríamos comentar aquí algunos principios imprescindibles de una imaginaria Constitución escolar.
Más artículos del autor
La democracia en la escuela es un valor social que hay que promover decididamente con todas sus consecuencias. Los centros deben desarrollar una cultura democrática global que implique a todos sus miembros (estudiantes, docentes, madres, padres y personal no docente) y abarque todos sus ámbitos (pedagógico, organizativo, de gestión, etc.).
Al ser una institución compartida entre adultos y menores, es obligación de los primeros garantizar el aprendizaje democrático de los segundos.
La democracia se aprende. Por ello la escuela debe promover actividades que estimulen la participación de los diferentes colectivos en la toma de decisiones, el debate constructivo, el ejercicio de libertades, el cumplimiento de normas, etc. El papel de los equipos directivos es determinante.
Los estudiantes son personas portadoras de conocimientos, experiencias e intereses. Una enseñanza democrática, por tanto, no puede ser concebida como mero “adoctrinamiento” curricular sino como un proceso guiado de participación responsable. El estado debe mantener una relación democrática con los centros, dotándolos de los medios necesarios para el desarrollo de su función y entendiéndolos como instituciones que tienen el derecho y el deber de promover la mejor formación de sus estudiantes. El estado ha de promover una formación de los docentes que les capacite para decidir, aplicar y evaluar por sí mismos, de forma democrática y cooperativa, los proyectos que favorezcan el mejor aprendizaje y para implicarse activamente en la vida de los centros. Es responsabilidad de los docentes generar un auténtico conocimiento profesional que se base en el contraste democrático y riguroso de modelos y experiencias pedagógicas. Las universidades deben garantizar la vivencia de una cultura democrática en las instituciones encargadas de la formación inicial de los docentes.
Es preciso que se tome en cuenta la realidad idiosincrásica de cada escuela, que se respete las singularidades tanto personales como culturales de los actores que en ella conviven y se establezcan límites conocidos y discutidos por todos. La configuración de un orden así descrito podría llevar a la escuela a significar una de sus funciones más críticas: la formación de personas autónomas, respetuosas y tolerantes de la diversidad; solidarias con los destinos de su comunidad; atentas y críticas frente a los hechos y situaciones de la sociedad en la que viven y creativas para transformar y construir un orden, plasmado en torno a los principios de igualdad, libertad, justicia y participación.
Licenciado en Administración de Empresas y
Especialista en Administración Pública y Planeación Estratégica