Detener, intimidar, torturar y encarcelar a líderes sociales ha sido una práctica a través de la historia de diferentes países y México no es la excepción cuando de acallar la protesta social se trata. Por lo regular los gobiernos dictatoriales buscan dos cosas con la represión judicial en contra de personas que representan intereses de grupos organizados, por un lado neutralizar mediante la cárcel a dirigentes sociales y por el otro sembrar el miedo y el terror del Estado en contra de la crítica social para que el encarcelamiento de sus líderes sirva de ejemplo de lo que les puede pasar si no abandonan su lucha. De esta manera actuaron en su momento el gobierno de la Nueva España en contra de Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, Mariano Matamoros y otros más.
Y qué decir de la persecución en contra de Benito Juárez por parte de los conservadores, los cuales fueron derrotados por la causa liberal que conducía el Benemérito de las Américas. Y una de las razones que dieron origen al Movimiento de Revolución Mexicana a inicios del siglo pasado, fue precisamente la excesiva represión que se aplicaba en contra de todo aquel que discrepara del régimen de Porfirio Díaz. Y el 68 mexicano donde el asesinato de jóvenes estudiantes, maestros y dirigentes marco la historia de México, con lamentables sucesos que Díaz Ordaz justifico desde la perspectiva fascista del poder político, y como resultado de estos acontecimientos fueron encarcelados los maestros Heberto Castillo, José Revueltas y Eli de Gortari, el enfrentamiento entre conocimiento-verdad y poder-represión y derecho, estos últimos como ideología de la derecha para justificar el estatus quo, de un gobierno antidemocrático, que prefirió matar que dialogar.
Más artículos del autor
Estos sucesos describen perfectamente la relación violencia y derecho a través de la realidad social de cualquier estado. Así que la detención y sujeción a proceso judicial de las personas que representan a grupos sociales, y que cuestionan la viabilidad del Proyecto, Gasoducto Morelos, se inscribe en un triste episodio de represión Estatal en contra de ciudadanos ejemplares que no han cometido delito alguno que explique su encarcelamiento, porque se sabe que fabricar delitos es una maniobra de cualquier gobierno que hecha andar la maquinaria judicial para reprimir a inocentes, y entonces se pueden ver a personajes como Luis Maldonado Venegas Secretario General de Gobierno, tratando ante la opinión publica de justificar lo injustificable, ya que se erige en juez y parte para señalar que, Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero Calderón son unos delincuentes peligrosos que violaron la ley y que no se tolerara impunidad alguna y que por lo tanto deben ser castigados con todo el peso de la ley.
Afortunadamente y de acuerdo a la lógica de los tiempos que ahora vivimos ha habido no solo respuesta local, sino incluso internacional para condenar estos hechos y exigir al gobierno del Estado reconsidere su postura de criminalizar la protesta social, y en reconocimiento de los derechos fundamentales de los procesados, los ponga en libertad, sustituyendo el terror, la intimidación, por el dialogo entre los actores, para refrendar un Estado de Derecho cada vez más agotado por las condiciones de violencia, provocada por la inseguridad en diferentes rubros de la vida social.
Sin embargo el daño ya está hecho y esto tiene consecuencias políticas, como las tuvieron en su momento los sucesos que más arriba señale, y es que actualmente el país es un infierno donde las medidas gubernamentales en todos los niveles están despertando al México bronco, cansado de políticos insensibles, inmunizados contra los reclamos de la gente, que inmoralmente malgastan el dinero del pueblo, para enriquecerse ellos y sus familias y en quienes recae la responsabilidad por sufrimientos, encarcelamientos y muertes de víctimas inocentes.