La semana pasada se dio lo que pudo ser un gran avance en la vida democrática de nuestro país al aprobarse la Ley de Consulta Popular que regula el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como un derecho de los ciudadanos en su fracción VIII “Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional…”
Con la promulgación de esta Ley, los ciudadanos que se encuentren inscritos en el listado nominal podrán votar en la Consulta Popular que podrá llevarse a cabo a la par de las elecciones federales que se realizan cada tres años.
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El propósito de la Ley es dar certidumbre al citado articulo sobre el procedimiento que se debe seguir para que este instrumento de democracia directa pueda ser empleado por los ciudadanos mexicanos.
El proceso para presentar la propuesta esta abierto para quienes la quieran presentar, quienes de acuerdo al mismo artículo constitucional podrán ser el Ejecutivo Federal, así como cualquiera de las cámaras del poder legislativo, siempre y cuando sean más del 33% de sus integrantes los que lo soliciten. Tratándose de ciudadanos, éstos deberán de representar más del 2% de los electores inscritos en la lista nominal, aproximadamente 1 millón 600 mil personas, quienes deberán presentar su solicitud ante cualquiera de las cámaras, y deberán establecer nombre, firma, clave de elector, la pregunta que se presentará en la consulta y fundamentar el porqué es un tema de trascendencia nacional.
Los procedimientos para llevar a cabo un Consulta Popular dependerá de quien es el solicitante. Si fuera el Ejecutivo Federal, éste tendrá que enviar la solicitud a alguna de las cámaras, ésta tendrá que notificarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual validará si es constitucional o no, regresando el dictamen a la Cámara para que sea votada tanto por los diputados como por los senadores. Si fuera alguna Cámara la que solicitara la Consulta Popular tendría que ser más de una tercera parte la que estuviera de acuerdo, la iniciativa sería enviada a comisiones y posteriormente al pleno para su votación, si fuera aprobada tendría que ser votada en la otra cámara, hecho esto deberá ser enviada a la SCJN para validar si es constitucional. En el caso que la solicitud de una Consulta provenga de un grupo de ciudadanos, ésta tendrá que ser enviada a alguna de las cámaras del Poder Legislativo la cual remitirá al Instituto Federal Electoral -próximamente INE- para que valide los formatos de firmas así como el número necesario, una vez validado tendría que ser remitido a la SCJN para que emita el dictamen donde establezca que es constitucional.
Una vez llevado a cabo todo el proceso se le notificará a la autoridad electoral que sea la encargada de organizar la Consulta Popular en todo el país a la par de la contienda electoral y que sea la única autorizada para promover la participación de los ciudadanos en la Consulta Popular ya que ningún tercero podrá contratar publicidad para emitir juicios sobre la propuesta hecha.
Los resultados para ser válidos tendrán que tener por lo menos el 40% de la participación ciudadana en los comicios, la autoridad electoral será la encargada de difundir los resultados y éstos serán obligatorios para todas las autoridades.
Sin duda la aprobación de esta ley promueve la participación ciudadana de manera parcial ya que contiene una serie de candados que la hacen inoperante y que limitan la democracia participativa, como los temas que no pueden ser consultados, la burocracia que hay que superar para que los ciudadanos tramiten una Consulta Popular y la judicialización de la participación política al ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que después de un largo y tortuoso proceso defina si los temas a consultar son o no constitucionalmente validos.
La primera Consulta Popular podría ser en las siguientes elecciones federales de 2015 y sin duda la izquierda promoverá la suya para intentar echar atrás la reforma energética aunque a decir de algunos especialistas las reformas constitucionales no estarán a discusión y más con la cantidad de filtros que deberán de sortear para llevarla a cabo.