En 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se inició un largo y complejo proceso de federalización de la educación mexicana en su sentido centralizador, que tuvo distintas facetas que caracterizaron el sistema educativo en la mayor parte del siglo XX. Aunque desde los años setenta del siglo aludido se iniciaron algunas acciones de descentralización del sistema educativo, fue en el gobierno de Carlos Salinas cuando se puso en marcha el proceso más amplio de transferencia de la educación básica y educación normal a los gobiernos de los estados; este proceso se llevó a cabo en el marco de la reforma del Estado y la administración pública. La capacidad de los funcionarios de la educación para establecer objetivos y metas, evaluar resultados y compensar desigualdades transita por la gobernabilidad del sistema.
Ejercer la autoridad educativa es una actividad compleja para las personas responsables en el gobierno federal y los estatales, pues esa actividad se ve afectada por condicionamientos y presiones coyunturales y estructurales, provenientes de distintos grupos de interés que funcionan con sus propias lógicas de acción. En estas circunstancias, el gobierno del sistema educativo en todos los niveles de su gestión ―desde la SEP, las secretarías de educación o sus equivalentes en las entidades federativas, hasta la supervisión y dirección escolares― enfrenta desafíos de distinta índole, los que hay que identificar para llevar a cabo una rectoría eficiente y eficaz cuya orientación responda de manera plena a las necesidades de los grupos sociales. Plantear la mejora de la educación desde la perspectiva de la gobernabilidad y el proceso de descentralización adquiere relevancia frente a una diversidad de situaciones como las siguientes: a) el debilitamiento de autoritarismo en la sociedad y la política, y paulatino fortalecimiento de la democracia; b) la legitimidad de las decisiones a favor de una escuela cercana a la comunidad; c) los esfuerzos por promover la participación de la sociedad en el quehacer educativo; y d) el papel de la organización sindical en las decisiones de la autoridad educativa.
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Por todo ello, es preciso resaltar la necesidad de avanzar en el federalismo de signo descentralizador, y cuidar que exista equilibrio entre la unidad e integración nacional, por una parte, y el desarrollo de las identidades regionales, estatales y comunitarias, por el otro, al atender diferentes condiciones y necesidades por medio de la construcción de nuevas bases para el ejercicio de la autoridad y la toma de decisiones en educación y el bienestar humano al que ella está referida. La gobernabilidad en la educación exige también nuevas formas de relación entre la SEP, las secretarías de educación o sus equivalentes en las entidades y la organización sindical de los trabajadores de la educación, de modo que la prioridad sea el desarrollo personal y comunitario.
En conclusión, el cambio en la educación mexicana, como posible resultado de la reforma, es un proceso abierto. Su eficacia depende del compromiso de los actores sociales y políticos con el fin primordial de toda acción educativa: el desarrollo humano.
Lic. José Enrique Ortiz Rosas
Director de Capacitación del Programa DIM
Secretaría General de Gobierno