México vive una paradoja democrática, mientras en los niveles federal, estatal y municipales fomenta una democracia formal-liberal, o procedimental de libre competencia en el mercado político y subordinada a la lucha entre elites partiditas; en el cuarto nivel representado por los pueblos, colonias, y rancherías en las cuales se nombran autoridades municipales auxiliares como en el estado de Puebla están representadas por Juntas Auxiliares e Inspectorias, se mantiene y reproduce una democracia directa, asambleística, popular que hace realidad el concepto de democracia mexicana plasmado en el artículo 3º constitucional creado en la era del partido de la revolución mexicana.
La paradoja de muestra en la convivencia de dos democracias mexicanas: la democracia real de la lucha por el poder institucionalizado a través de un conjunto de reformas legales en cada sexenio presidencial a partir de 1946 a la fecha, mientras en la base social popular pervive el México indigenista, el México comunitario, ese México en el cual no existen jerarquías, y el mando es la expresión de la decisión y subordinación a el acuerdo de la mayoría comunitaria. Una democracia que de pronto asusta al poder presidencial mexicano de esta segunda década del siglo XXI, e inclusive se le descalifica y acusa hasta de acción criminal, cuando dicha democracia se materializa en el rostro de los desprotegidos, de los que menos tienen, de los campesinos y pobres que se ven avasallados por la vivencia de la corrupción policiaca y de autoridades menores municipales, orillados a decidir la conformación de grupos de defensa comunitaria, como el mejor acto democrático no reducido a estructura jurídica, ni económica, sino como ejercicio de una mejora cultural y material de sus comunidades.
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Cuando se olvida ese histórico ejercicio de decisiones colectivas, de decisiones comunitarias adoptadas en asambleas entre iguales para velar por el bienestar de la comunidad, y se intentan imponer estructuras jurídicas y políticas desde una racionalidad diferente, entonces se está clausurando a un importante soporte político del Estado mexicano y sobre todo se está violentando los derechos humanos que han defendido y guardado la mayorías de pueblos y sobre todo de las comunidades indígenas que forman el país.
Todo esto vienen a cuento, no solamente por la continua formación de grupos de autodefensa comunitaria en varias entidades federativas de México, sino porque desde mediados del siglo XIX, en el estado de Puebla se practica la vivencia de la democracia comunitaria parta la formación de autoridades municipales auxiliares denominadas Juntas Auxiliares e Inspectorías. Por ello, en más de seiscientos pueblos y alrededor de un millar de rancherías, hoy día existe una efervescencia política, como siempre ha sucedido, de propuestas, críticas, cuestionamientos sobre los mejores hombres y mujeres que puedan asumir responsablemente la altísima responsabilidad de velar por el interés de la comunidad, a sabiendas que los recursos son muy escasos, que no existen presupuestos, que las tareas administrativas son honoríficas.
Empero, existen “pueblos”, en zonas urbanas como la ciudad de Puebla, que están totalmente desvinculados del origen y fin de las autoridades municipales auxiliares y por ende del ejercicio democrático comunitario, a estos “pueblos”, urge su transformación a delegaciones administrativas, sobre todo ahora que la ciudad capital está adquiriendo un rostro cosmopolita con referencia internacional.