CDH Puebla protege a docente que acusa a presidenta de Acatlán de agresión

La Comisión de Derechos Humanos del Estado emitió el oficio V3/003675 dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública, solicitando la aplicación de medidas cautelares a favor de la profesora Marlene Paz Rodríguez, al considerar que su integridad podría estar en riesgo luego de que fuera atropellada presuntamente por la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas.

La docente denunció haber sido víctima de una agresión atribuida a la alcaldesa en hechos ocurridos durante febrero, cuando un incidente vial escaló —según su testimonio— a un acto de intimidación y violencia física.

De acuerdo con la versión de la afectada, todo comenzó cuando viajaba en una unidad de transporte público procedente de Petlacingo hacia la cabecera municipal de Acatlán. En el trayecto, un vehículo Volkswagen azul marino, sin placas visibles, habría intentado cerrarle el paso a la combi. Más adelante, al descender, detectó que una mujer la fotografiaba y grababa a corta distancia.

La profesora identificó a dicha persona como trabajadora del sector salud vinculada con el entorno de la alcaldesa. Tras confrontarla y solicitar la intervención del número de emergencias, llegó al sitio una camioneta en la que, según la denunciante, viajaban la presidenta municipal y el director de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez.

Según la denuncia, la situación se tornó violenta en ese momento. La docente señala que fue empujada y posteriormente impactada por el espejo retrovisor de la camioneta, lo que derivó en lesiones diagnosticadas como fractura en la clavícula y esguince en el tobillo izquierdo, conforme a estudios realizados en el ISSSTE y valoraciones posteriores en Puebla.

A pesar de la gravedad de los hechos, la afectada sostiene que no hubo actuación inmediata del Ministerio Público. Por ello, presentó denuncia formal en Piaxtla contra la alcaldesa, el mando policial y la tercera persona involucrada, en un expediente que podría escalar a instancias de responsabilidades de servidores públicos.

El caso no se limita al episodio físico. Rodríguez también denunció una serie de actos posteriores que configuran un entorno de hostigamiento: llamadas telefónicas con amenazas de muerte, campañas de descrédito en redes sociales y la difusión de material videográfico que, asegura, habría sido grabado por elementos policiales y posteriormente filtrado.

La Comisión de Derechos Humanos advirtió que existen elementos suficientes para considerar que la vida, dignidad e integridad física, psicológica y moral de la docente —así como la de su familia— podrían verse comprometidas si no se implementan acciones inmediatas.

Corresponderá ahora a las autoridades estatales determinar la ruta de protección para la víctima y, en paralelo, esclarecer los hechos denunciados.

Segunda medida cautelar

El exfuncionario y comerciante Roberto Hernández Moranchel confirmó que la CDH Puebla emitió un oficio dirigido al ayuntamiento de Acatlán de Osorio para que, como parte de las medidas cautelares, ningún funcionario público sostenga acercamiento ni diálogo con él en ninguna de sus modalidades.

A finales de marzo de 2026, mientras realizaba actividades comerciales en su vehículo estacionado frente al Mercado de Olores y Sabores en Acatlán de Osorio, personal de Comercio y Vía Pública lo acosó y amenazó al señalarle que dicha actividad estaba prohibida, sin presentar el sustento que avalara lo expuesto.

Ambos expedientes continúan en proceso de integración; en el caso de Marlene Paz Rodríguez, el asunto también es investigado por la Fiscalía de Investigación Regional de Piaxtla (FIRP). (KR)