Funcionario SEP, vinculado a proceso por violencia; se niega a entregar a menor

Luis Enrique N, funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, fue vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar, violencia Vicaria y sustracción de su hijo, a quien se niega a devolver a su madre Angélica Luna, pese a la instrucción del juez.

La semana pasada, el juez Joel Daniel Baltazar Ávalos también solicitó iniciar investigaciones para localizar al menor y determinar si hay familiares que están coadyuvando con Enrique N, a quienes podría acusarse de cómplices en el delito de desaparición forzada de particulares.

En reunión con medios, Angélica Luna, madre de Malik; su abogada Montserrat González Fernández; Carolina Ramírez, defensora y promotora de Derechos Humanos; y Andrea Lezama, representante del colectivo Madres Exigiendo Justicia, llamaron a ciudadanos en la búsqueda de pequeño, pues el funcionario ha advertido a Angélica que “nunca verá a su hijo otra vez”.

Angélica Luna relató el calvario que ha vivido desde julio de 2025, cuando el funcionario sustrajo al bebé violentamente del vehículo en el que viajaban. Luis Enrique ya había sido denunciado antes por golpes y abusos físicos, por lo que cuenta con una carpeta por violencia familiar. “Hasta hoy son 209 días sin saber nada de Malik”.

Montserrat González, abogada que encabeza la defensa, sostuvo que hay temor, pues se ha documentado el perfil violento del funcionario a quien un juez ha calificado ya de agresor. “Este señor no quiere entregar al pequeño, tememos por la seguridad de las víctimas, ha habido amenazas claras, incluso el señor ha amenazado a autoridades.

Reseñó la actuación del juez, celebrada la pasada semana, en la que fundamentó y motivó puntualmente en relación al código Penal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Niñas Niños y adolescentes, convenciones internacionales de Derechos Humanos, decretando que se acreditaron los elementos que otros juzgadores ignoraron.

“El juez fijó medidas cautelares al funcionario y, como toda medida señala: el violentador no puede acercarse a sus víctimas, pero el funcionario no sólo se acerca sino que lo tiene en su custodia y lo oculta. El niño corre mucho riesgo”

Sin embargo, señaló la ineficiencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que al inicio de este proceso se negó a emitir la Alerta AMBER y por petición del agresor retiraron la ficha de búsqueda del menor, aunque legalmente el estatus del bebé es “desaparecido”, pues uno de sus padres no tiene informes sobre su paradero.

Eso se repitió en un reciente boletín de búsqueda y bastó una publicación de segundos en TikTok donde presentaron al pequeño para que se considerara como “localizado”.

La abogada denunció que hasta el momento no existen inspecciones o verificaciones a través de los representantes de ley del pequeño y a la fecha no se sabe si está en la casa indicada como domicilio del señor.

Revictimización, la constante

Angélica Luna relató el camino que ha sido denunciar a su agresor, pues ha sido revictimizada en cada una de las instituciones a las que se ha acercado a pedir ayuda. Señaló que desde el comienzo del proceso jueces orales tomaron decisiones tibias y arbitrarias, incluso encubrimientos al funcionario de la SEP.

“No alcanzaron a proteger a las víctimas y dejaron al pequeño indefenso y en manos de un violentador que se niega rotundamente a presentarlo”, denunció la abogada.

Angélica precisó que en junio de 2025, cuando denunció la violencia vicaria y sustracción de su hijo, en medio de la violencia que sufría la jueza de oralidad —en ese momento— le aconsejó a la madre que “salvaguardara sus derechos y que no había respuesta para nada”, cuando —de acuerdo con abogados— debía exigir la presentación del niño de 1 y 3 meses, en el momento mismo en que fue hecho de su conocimiento que el padre violó el acuerdo de custodia.

En octubre de 2025 un juez de lo familiar ordenó al funcionario entregar al menor, bajo amenaza de detención, pero en su momento omitió la medida y no lo ejecutó.

Incluso la fiscalía de Puebla amenazó a Angélica advirtiéndole que de no retirar la denuncia ellos le quitarían a su bebé a ambos padres y lo llevarían al sistema DIF.

Después de casi cinco meses, el juez Joel Daniel Baltazar Ávalos tomó el caso y ordenó la devolución del menor, que debió haber sido entregado en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), pero no acudió.

Al respecto, Angélica precisó que ella acudió desde el 21 de agosto al Cecofam cada domingo, pero sólo ha recibido burlas y malos tratos, en específico de la funcionaria Verónica Gil Sánchez, quien ha sido señalada por múltiples colectivos por violencia institucional.

“Esta revictimización es un tema muy alarmante y le pedimos al gobernador Alejandro Armenta Mier, que ponga atención a las denuncias de mujeres que viven y transitan momentos dolorosos, que no cuentan con recursos económicos y que son maltratadas en esos espacios que debían cobijarles”

Sin embargo, para Angélica, una de las revictimizaciones más álgidas se ha dado en la SEP, donde ella también labora, pues aunque el agresor fue denunciado ante el titular como al área interna de Secretaría de Igualdad Sustantiva y de Género de la SEP, nunca hubo respuesta, incluso hay revictimización todos los días, pues el agresor va a trabajar sin problema, sin que haya algún pronunciamiento.

Denunció al secretario Manuel Rivera de violencia institucional, junto con su jefe de oficina

“Él tiene privilegios dentro de la SEP y no han hecho absolutamente nada para apoyarme a mí. Sin embargo, a mí me despidieron de mi área. He tenido que luchar para que me den los tiempos para poder ir a buscar mi hijo, para ir a la fiscalía, para ir a Cecofam para ir a Ciudad Judicial”. señaló.

Tanto colectivas y organizaciones feministas como la abogada González, denunciaron violencia institucional por parte de diversas instancias que en lugar de garantizar el interés superior de las infancias, priorizando la pronta localización del bebé y la garantía de su integridad, han enfocado esfuerzos en la protección del agresor. (MCJ)