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Sociedad
El mes también destacó por el hallazgo del rancho Izaguirre en Jalisco, señalado como campo de exterminio
Imágenes de alcaldes detenidos con fachada de rancho y la leyenda Anuario 2025 marzo
Foto: e-consulta
En marzo, el estado de Puebla fue noticia por la detención de la familia González Vieyra, conflictos en el transporte público, protestas ambientales y el levantamiento del paro en la BUAP. A nivel nacional, destacó el hallazgo de un centro de exterminio en Jalisco.
Esta es la tercera entrega del anuario 2025 de e-consulta, un recuento de los hechos más relevantes en Puebla y México.
El 7 de marzo, autoridades federales y estatales realizaron un operativo en Puebla que culminó con la detención de Uruviel González Vieyra y Giovanni González Vieyra, presidentes municipales de Ciudad Serdán y Tlachichuca, respectivamente.
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Mediante cateos en diversas propiedades, entre ellas un rancho en Tlachichuca, se aseguraron armas de fuego, drogas y aves exóticas.
Las investigaciones se ampliaron a otros integrantes de la familia, incluido su padre y un hermano exalcalde.
El 31 de marzo, estudiantes de la BUAP levantaron formalmente el paro estudiantil luego de alcanzar acuerdos entre la rectora Lilia Cedillo y representantes del movimiento estudiantil.
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La entrega de CU permitió avanzar en compromisos sobre transporte, comedores universitarios y protocolos de seguridad de género.
Con el regreso a clases programado para el 2 de abril, concluyó un mes de movilización y diálogo institucional en la máxima casa de estudios.
El 5 de marzo, autoridades localizaron en Miahuatlán, Oaxaca, a Brenda Mariel S., la única sobreviviente de un grupo de ocho jóvenes originarios de Tlaxcala reportados como desaparecidos desde finales de febrero.
Los cuerpos de los jóvenes, cuatro hombres y cuatro mujeres, aparecieron sin vida dentro de un automóvil en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.
De acuerdo con el testimonio de la joven sobreviviente, ella y una de sus acompañantes fueron interceptadas por policías municipales.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) mantuvo abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil y dar con los responsables, mientras familiares de las víctimas exigieron justicia y resultados en el caso.
Ese mismo día, el colectivo Guerreros Buscadores localizó cientos de restos humanos y múltiples evidencias criminales en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
Dentro del predio se encontraron osamentas calcinadas, miles de prendas de vestir, equipo táctico y hornos presuntamente utilizados para la incineración clandestina de víctimas.
El colectivo denunció que el sitio operó durante meses como un centro de adiestramiento y exterminio, sin intervención oportuna de las autoridades estatales.
Ante la magnitud del hallazgo, el fiscal Alejandro Gertz Manero dejó que siguiera con el caso la Fiscalía General de la República (FGR), lo que derivó meses después en la detención del alcalde de Teuchitlán.
A un día de dejar el cargo, el entonces secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte, otorgó 37 concesiones a integrantes de la organización 28 de Octubre, decisión que generó críticas por su opacidad.
El conflicto siguió al 10 de marzo, cuando choferes de la ruta S10 y la ruta S5 se enfrentaron a golpes en San Andrés Azumiatla. La riña dejó como saldo la muerte del transportista Esteban, de 50 años de edad.
A nivel nacional, el 10 de marzo un autobús de la línea Rápidos de Zacatlán volcó en la autopista Mitla-Tehuantepec, a la altura de Santo Domingo Narro, en Oaxaca, dejando 18 personas fallecidas.
Las víctimas regresaban a Juchitán tras asistir a un mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó que una falla en los frenos provocó que la unidad cayera a un barranco de más de 200 metros.
El conflicto ambiental por el relleno sanitario intermunicipal de Cholula se intensificó durante marzo, luego de denuncias por incumplimiento de normas ambientales y afectaciones a la salud de comunidades cercanas.
El 20 de marzo, tras un plantón y bloqueos encabezados por la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero, el gobernador Alejandro Armenta Mier ordenó la clausura del sitio.
La decisión obligó a varios municipios a buscar alternativas para la disposición de residuos sólidos en la zona conurbada. (MCJ)