Aumentan solicitudes de apoyo por desaparición en Puebla: 101 en 8 meses

De enero a agosto de este año, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de Puebla registró un total de 101 solicitudes de apoyo de personas afectadas directa o indirectamente por delitos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.

Esta cifra representó un incremento respecto a los 77 casos reportados durante todo 2024, lo que muestra un alza en la demanda de atención a víctimas de este tipo de delitos.

Más mujeres que hombres entre las víctimas

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, 55 de las personas atendidas fueron mujeres y 46 hombres y de ese total, 38 fueron víctimas directas, es decir, las personas que sufrieron la violación a sus derechos humanos, mientras que 63 fueron víctimas indirectas, principalmente familiares que recurrieron a la comisión para recibir acompañamiento legal o psicológico.

Por otro lado, entre quienes solicitaron ayuda se encuentran 13 niñas, niños y adolescentes, así como 4 personas adultas mayores, provenientes de los municipios de Puebla, Huejotzingo, Tlaxcala, Tecamachalco, Huauchinango y Pantepec, incluso hubo una persona afectada del estado de Veracruz.

Aumentan las solicitudes

El comportamiento mensual mostro una tendencia al alza en las solicitudes de atención, en enero se recibieron cinco peticiones, pero la cifra creció de manera constante hasta alcanzar 28 en agosto, el mes con mayor número de casos.

Así se distribuyeron los casos a lo largo de los meses:

• Enero: 5
• Febrero: 3
• Marzo: 15
• Abril: 7
• Mayo: 17
• Junio: 8
• Julio: 18
• Agosto: 28

Apoyos brindados por la comisión

Entre las acciones otorgadas destacan la atención psicológica para 13 personas, la asesoría jurídica para 65, y la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas de 43 solicitantes.

Además, la CEEAV reportó apoyos adicionales relacionados con alimentos, gastos funerarios y reembolsos por viáticos.

La CEEAV, tiene la función de brindar asistencia, atención y reparación integral del daño a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos. Sus acciones incluyen apoyo psicológico, asesoría jurídica, ayuda económica y la inscripción oficial en el registro de víctimas, con el objetivo de garantizar su acceso a programas y medidas de apoyo. (MCJ)