Abogados de oficio llevan 2 años esperando aumento; ganan 12 mil al mes

Los 51 defensores públicos al servicio del Poder Judicial en Puebla ganan sólo 12 mil pesos al mes y atienden de 3 a 6 audiencias al día en condiciones laborales difíciles, con escasos recursos y sin pago de horas extras.

Pese a que el Consejo de la Judicatura determinó que sus salarios debían homologarse a lo que reciben los funcionarios del Ministerio Público, según señala la Constitución federal, han pasado dos años sin que esto ocurra, pues la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) no lo ha autorizado.

Después de años de ser ignorados, los abogados del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla denuncian que han recurrido a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la oficina del gobernador Alejandro Armenta, pero hasta el momento no reciben ningún tipo de apoyo.

Los defensores públicos en la actualidad perciben 13 mil 199.81 pesos, a los cuales se le restan deducciones, quedando en 12 mil 497.03 pesos, un monto casi tres veces menor al que ganan los funcionarios del Ministerio Público, en contradicción con el texto constitucional.

Les niegan aumento

El 13 de enero de este año, la directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura, Andrea Jiménez Gómez, informó que la SPFA no autorizó los incrementos salariales.

En un escrito dirigido a los defensores que solicitaron información al respecto, la funcionaria explicó que “el recurso necesario para la homologación de los sueldos (…) fue considerado en el Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal del presente año; sin embargo, este no fue autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en el Presupuesto 2025 correspondiente”.

Ante esta situación, un grupo de 29 defensores públicos presentaron un amparo el día 25 de marzo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el cual fue admitido.

Dicho tribunal negó el amparo al determinar que “las autoridades no contestaron en el sentido afirmativo, y consideró el juez de distrito que, en efecto, no eran autoridades responsables”, informó una parte involucrada en el caso.

Pésimas condiciones laborales

En comunicación con e-consulta, un abogado defensor en condición de anonimato compartió algunos detalles de lo que describió como "una difícil y poco recompensada labor para defender a quienes no pueden pagar la representación legal”.

El jurista reveló que "los asuntos son asignados dependiendo el momento. Pero en el área de trámite, llevan entre 3 y 6 audiencias diarias. Y en juicio, entre 3 y 5 audiencias diarias" por cada abogado defensor.

Cada audiencia de control dura entre 30 minutos a 2 horas, mientras que las de juicio pueden extenderse desde una hasta seis horas, y pueden realizarse también en fin de semana, debido a que los fiscales argumentan que los testigos no pueden acudir entre semana.

“Nosotros hacemos todo. Audiencias, escritos, visitas carcelarias, apelaciones, amparos… somos todólogos”, según dijo, cuestionando que cuentan con muy pocos pasantes y personal auxiliar para ayudarles.

El funcionario denunció que realizan actividades en fines de semana y días festivos, así como “que nuestros horarios deben ser de ocho a tres (de la tarde), pero salimos después de la tres casi a diario y, a veces, de madrugada. Sin pago de horas extras”, reclamó.

El abogado relató que para mejorar sus condiciones laborales, en 2023 se solicitó al Consejo de la Judicatura que hiciera efectiva la disposición constitucional, lo cual aceptaron. Pero transcurridos dos años, el alza salarial jamás llegó.

El 20 de diciembre del año pasado, una vez que inició la actual administración de Alejandro Armenta, los abogados dirigieron un escrito a su oficina en el que piden su intervención en este tema. Y aunque fue firmado como recibido, nunca hubo respuesta.

“Posteriormente, mandamos ahora un escrito en conjunto al secretario de Gobernación, a Samuel Aguilar Pala, y pues de alguna manera nos empiezan a ignorar. No nos hacen caso, no nos atienden, no contestan”, reprochó el abogado, quien relató que tras esto fue que Recursos Humanos confirmó que es la SPFA la que ha negado otorgar el aumento.

El defensor explicó que una vez que presentaron el amparo, finalmente sí se logró el acercamiento con la Segob, aunque tampoco les han brindado un apoyo significativo, por lo que el siguiente recurso que agotarán será un amparo contra el Consejo de la Judicatura por su omisión constitucional al no otorgar el incremento.

Desde junio de 2023 debían aumentarles

De acuerdo con documentos obtenidos por e-consulta, el ente que supervisa y vigila al Poder Judicial determinó el 9 de junio de 2023 solicitar a la SPFA que se liberen los recursos necesarios para realizar esta homologación, esto durante la administración de Carlos Palafox Galeana.

“Que, conforme al tabulador señalado en Ley de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, se homologuen las percepciones de los Defensores Públicos, a los salarios de los Agentes del Ministerio Público”, pidió el Consejo a las entonces separadas secretarías de Finanzas y Administración del gobierno estatal.

El fundamento para esta solicitud es el artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “la Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público”.

Ello implicaría que los 51 abogados que actualmente trabajan bajo el mando de la directora general Inés Laura López Martínez, y el subdirector de Asuntos Penales, Gerardo Cuevas Rojas, tendrían que ganar como mínimo 35 mil 266 pesos, y un máximo de 43 mil 531 pesos, de acuerdo con el actual tabulador de la Fiscalía General del Estado (FGE). (CR /PSR)