Agua de Puebla pide 13 años de cárcel para defensores del agua en Xoxtla

Concesiones Integrales, más conocida como Agua de Puebla, exige 13 años de prisión para Renato Romero, Pascual N. y Rogelio N., defensores del agua en el municipio de Xoxtla, a quienes acusa por daño en propiedad ajena y despojo agravado, delitos supuestamente registrados durante una manifestación ciudadana —el 28 de mayo— en protesta por la entrega del líquido del pozo profundo a la empresa.

En la audiencia inicial del 2 de julio, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado y el abogado de la empresa sostuvieron que los daños ocasionados en la obra para el suministro de agua potable en San Miguel Xoxtla, ascienden a 110 mil pesos.

Este 7 de julio se llevará a cabo la audiencia de vinculación contra los integrantes del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla, que será presidida por el juez David Rodríguez, el mismo que tiene a su cargo el proceso de Emiliano Zambrano, líder del Campamento de Resistencia y Defensa de la Tierra y el Agua de Santa María Malacatepec, también encarcelado.

Por la mañana del 3 de julio, Rodríguez, el juez de control, en una audiencia express cambió la medida cautelar de prisión preventiva y ordenó la libertad provisional del ambientalista e integrante del Movimiento de Defensa del Agua en la Cuenca Libres Oriental, Renato Romero, hasta que se decida su situación legal este 7 de julio.

12 horas antes, el mismo juez de control en la audiencia inicial rechazó que el defensor pudiera llevar el proceso en libertad, a pesar de que el abogado Tonatiuh Sarabia señalara graves omisiones en el planteamiento del Ministerio Público, ambigüedad y datos falsos, entrevistas de testigos que violaran el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hechos que incluso provocaran que amonestara en más de una ocasión al agente de la Fiscalía General del Estado (FGE), exigiéndole actuar con probidad.

El juez también ordenó una investigación por las heridas y la condición de salud de Renato, luego que el defensor pidiera al ministro mostrarle la evidencia de los golpes durante la detención que —acusó—se realizó por policías vestidos de civil que se trasladaban en vehículos sin placas, sin que le mostraran identificaciones ni la orden de aprehensión, y quienes lo torturaron durante el trayecto hasta presentarlo a las autoridades.

Concesiones Integrales denuncia daños

En la audiencia inicial, la Fiscalía presentó la carpeta de investigación que se les imputa a los defensores por los hechos ocurridos el 28 de mayo de 2025. Fueron identificados como integrantes del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla, quienes, durante una manifestación, presuntamente obstaculizaron los trabajos de instalación de tubería en la obra de suministro de agua al pozo profundo de uso potable del municipio, ejecutada por personal de Concesiones Integrales a través de la empresa contratista Vica Construcciones S.A. de C.V.

De acuerdo a la acusación, con antorchas y bidones de gasolina se prendió fuego a los trabajos construidos de 102 metros lineales de tuberías termofusionadas. El monto de la destrucción se calculó en 110 mil 700 pesos 72 centavos.

Describen que un grupo de 60 personas se desplazó hacia el pozo ubicado en el predio denominado La Luz —que también es construido por la contratista Vica Construcciones— lanzaron rocas y objetos diversos a la perforación del pozo, que también fue incendiado.

La narrativa denunciante también señaló la actividad en redes sociales de los señalados y notas periodísticas, sin embargo, no fueron señalados ni las direcciones electrónicas ni los periodistas que han escrito al respecto.

El agente del Ministerio Público apeló al criterio de máximo de la pena como única circunstancia para prevenir futuros delitos:

“Señoría, también debe tomarse en cuenta la pena máxima correspondiente al delito relacionado con una propiedad ajena, que sería de hasta 4 años. En caso de que se configure el delito de robo, la pena solicitada por la Representación Social sería de 9 años, lo que en conjunto sumaría un total de 13 años de prisión.”

Sin probidad

Este lunes 7 de julio se llevará a cabo la audiencia de vinculación para Renato Romero y los pobladores de Xoxtla para resolver la situación legal, así como la posible vinculación a proceso.

La Universidad Iberoamericana y una veintena de organizaciones han hecho llamados públicos para que se garantice el debido proceso y que autoridades prioricen mecanismos de diálogo, concertación propios de la democracia y no el uso del derecho penal, que es un mecanismo de criminalización de protesta social, vulnerando así derechos como el de la libertad de expresión y manifestación de las ideas.

Tanto defensores del territorio, académicos y activistas que asistieron a la audiencia inicial, señalaron la evidente “línea” que siguieron los agentes de la FGE y el abogado de Concesiones Integrales en el proceso contra ellos.

Durante esa audiencia más de una vez se escuchó: “El agente del Ministerio Público está actuando de manera tendenciosa, dolosa y está omitiendo muchos datos de prueba”, sostenía Sarabia, en la que el agente de la Fiscalía General del Estado describía como los señalados habrían dañado 102 metros lineales de tuberías termofusionadas.

Los alegatos del abogado de Renato señalando “olvidos” de documentación oficial, provocaron que el juez en más de una ocasión amonestara al agente del Ministerio Público (MP):

“Ministerio esté atento a la probidad con que deben conducirse. Evitaré que abuse de los derechos que se les conceden en el procedimiento. Encuentro ahora evidente ese abuso de su parte al negar el evidente arraigo que se deriva de la información planteada por el defensor. Hágase cargo”, fue el primer regaño del juez al MP.

Más tarde, en el desarrollo de la audiencia, volvió a amonestarle:

“Veo que incorporó información de manera desleal. Porque de manera tácita aceptó que esa información (dirección real del defensor) no consta en el registro o en todo caso en la comunicación de la persona responsable de la dirección de medidas cautelares. Es un segundo requerimiento abogado. Condúzcase con probidad, en todo caso decidiré si va a continuar su intervención en este asunto” sostuvo el togado.

Con tesis y jurisprudencias, Sarabia reprochó al personal de la FGE: “Se supone que en su figura ministerial debería de proteger también los de hechos humanos de todos los que estamos acá, en cambio, está tratando de que se meta en la cárcel a mi defendido, señalando que huirá apoyado en conjeturas e intuiciones, a pesar de que la ley le exige una visión racional sustentada”.

Y aunque los acusadores no lograron explicar cómo la libertad de Renato pondría en peligro a Concesiones Integrales y a la sociedad, que no tenía arraigo domiciliario y ni apego familiar, el juez consideró que por su condición de comerciante, el defensor podría “sustraerse al ejercicio de la justicia”. (PSR)