Con colusión de funcionarios, administrador emprende embargos a colonos

Más de cien familias del Fraccionamiento Bosques del Pedregal, ubicado al suroriente de la ciudad, son sometidas a un clima de terror por el proceso de embargo y desalojo iniciada por Miguel M., presidente del fraccionamiento, ante la Sindicatura Municipal de Puebla, quien les exige un pago descomunal por cuotas de mantenimiento mensual que colonos deben a un comité de administración que él encabeza, sin que a la fecha acredite el reconocimiento legal.

Vecinos denuncian que funcionarios del Ayuntamiento de Puebla han admitido este procedimiento de arbitraje, a pesar de que se ha demostrado que existen irregularidades graves y documentadas, las que han ignorado y han permitido que la demanda avance sin el debido análisis legal, sin respetar derechos básicos de audiencia y defensa, y sin la revisión de prescripción de cuotas establecidas legalmente.

Funcionarios municipales ha presionado a las familias a firmar convenios abusivos, bajo amenaza de embargo violento, aun cuando jurídicamente estas cuotas prescriben con el tiempo. La omisión de autoridades también abona al clima de amenazas y hostigamientos que parecen imparables para los 500 colonos que habitan el fraccionamiento.

La demanda de arbitraje que fue admitida por el abogado José Javier Morales, director de Mediación, Conciliación y arbitraje Condominal, así como por la abogada Karen Hernández Toledo, jefa de departamento de arbitraje en la Sindicatura Municipal, ha sido tan irregular que sigue un proceso legal a un menor de edad, quien fue denunciado en el grueso de “denuncias masivas” contra condóminos, evidenciando que funcionarios del gobierno municipal han respaldado el proceso en evidente ilegalidad.

Vecinos exigieron al presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, su intervención, así como una investigación al respecto. También llamaron a la Comisión de Derechos Humanos (CDH), al Congreso del Estado y organismos de vivienda como Infonavit, para frenar un procedimiento que consideran plagado de irregularidades y con fines extorsivos.

Deudas impagables y desproporcionadas

Las deudas de vecinos han llegado hasta los 15 mil pesos por concepto de cuotas de mantenimiento mensual vencidas desde el año de 2022. El pago del interés moratorio implica 10 por ciento mensual sobre saldos insolutos, por el incumplimiento del pago en su momento oportuno.

De acuerdo con expedientes que constan en poder de este medio y que han sido avalados por la Sindicatura, se apunta el pago de la pena convencional del 10 por ciento mensual de interés sobre el saldo pendiente (por deuda mayor a 5 días en las cuotas de mantenimiento y/o de reserva); a estos se suma además el pago de gastos y costas por los trámites y procedimiento arbitral al que están siendo sometidos.

“Vivimos con incertidumbre, en un ambiente hostil”, dijo a este medio una condómina quien narró que las cartas de cobranza que llegan hasta las puertas de vecinos del fraccionamiento, sin nombre de abogados, sin referencias domiciliarias incluso sin teléfono, sólo con un contacto de aplicación de WhatsApp que no ofrece información si no hay garantía de pago.

Abogados entrevistados por este medio apuntan que la autoridad administrativa que admite demandas de arbitraje Condominal tiene la obligación de realizar un análisis de procedencia jurídica preliminar, conforme al principio de legalidad.

“Las autoridades de arbitraje Condominal están obligadas a verificar que la pretensión sea jurídicamente válida, antes de admitirla. El hecho de que se admitan cláusulas manifiestamente desproporcionadas, como el 10 por ciento mensual de interés moratorio, contraviene lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales. Aun así, se admitió la demanda”, cita una denuncia cuya copia consta en este medio.

Una representación irregular

Juan Ricardo Alcántara Ramírez, condómino del Edificio 16 lote 6 departamento 403, denunció en entrevista que el presidente del fraccionamiento nunca ha entregado actas protocolizadas de Mesas Directivas, libros contables, Actas de Asamblea donde conste el aval de vecinos para el contrato de empresas de servicios y seguridad, además de otras decisiones comunales.

Vecinos explicaron que Miguel M., presidente del fraccionamiento es también presidente de la asociación civil “Vive Bosques del Pedregal”, además presidente de un supuesto comité de administración, pero no ha hecho pública el acta constitutiva que acredite la personalidad y el reconocimiento legal para cobrar las cuotas de mantenimiento y conservación y a la fecha no ha presentado libros contables, ni documentos en que consten la contratación de empresas legalmente constituidas para brindar los servicios de seguridad y limpieza.

“Lo más alarmante es que el mismo presidente ha informado públicamente que la finalidad del procedimiento es embargar las propiedades de quienes no han pagado cuotas de mantenimiento, aunque estas se derivan de una administración no reconocida por Infonavit y cuya legitimidad jurídica está en disputa”, aduce un testimonio escrito que llegó a e-consulta.

Explica que Miguel M., a espaldas de vecinos dio de baja ante Infonavit el programa de hipoteca con servicio, con la finalidad de que los pagos se realizaran directo a su Asociación Civil, ya que Infonavit, no reconoce a administradoras que no cumplen con los requisitos indispensables para administrar los fondos de un fraccionamiento.

Documentos que constan en esta casa editorial dan cuenta que el dinero del fraccionamiento se ha movido a 5 números de cuenta diferentes a nombre de personas físicas. Al respecto, vecinos afirman que a la fecha no es claro quién realiza el cobro de las cuotas de mantenimiento: si es mesa directiva, Asociación de colonos, Asociación Civil Vive Bosques del Pedregal, Comité de administración, pero en todas ellas se encuentra como presidente Miguel M., quien nunca ha entregado recibos fiscales.

El pasado 2 de marzo de 2025 Miguel M., se reeligió como presidente del Comité de Administración por tres años más. No hubo convocatoria abierta ni proceso democrático, pero sí una prohibición de que residentes deudores voten en las asambleas. (MIG)