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Nación
Rancho Izaguirre: sigue juicio de 10 por desaparición y nexos con el CJNG
El juicio, que comenzó el 1 de julio, entró en una fase inicial donde se presentaron 17 testimonios y pruebas
Rancho Izaguirre
Foto: Aristegui Noticias
Un tribunal en Jalisco continúa el proceso judicial contra 10 personas detenidas en septiembre de 2024 durante un operativo en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán. El caso involucra acusaciones de desaparición forzada, homicidio y actividades ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El juicio, que comenzó el 1 de julio, entró en una fase inicial donde se presentaron 17 testimonios y diversas pruebas materiales que incluyen cinco chalecos antibalas, cinco placas balísticas, dos tablas de madera tipo paleta y un cuchillo.
Las autoridades estatales confirmaron que los imputados fueron identificados como Lennyn N., (también conocido como Kevin N.), David Alejandro N., Gustavo N., Christopher N., Juan Manuel N., Óscar Iván N., Erick N., Luis Alberto N., Ricardo Augusto N. y Armando N.
El operativo del 18 de septiembre de 2024, realizado por la Guardia Nacional, permitió su captura tras un enfrentamiento en el predio, donde también se rescataron a dos personas privadas de su libertad y se halló un cadáver.
“La Fiscalía del Estado reitera que continuará con los trabajos que permitan esclarecer los hechos y procurar la justicia para las víctimas”, declaró la institución en un comunicado.
El Rancho Izaguirre
El Rancho Izaguirre, situado en una zona rural de Teuchitlán, fue señalado como un centro de reclutamiento y entrenamiento del CJNG, utilizado para adoctrinar a individuos traídos bajo engaños.
Las investigaciones abiertas sugieren que algunos de los acusados podrían estar vinculados a más casos, incluyendo la participación de un presunto reclutador aún bajo escrutinio.
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La comunidad de Teuchitlán y colectivos de búsqueda, como los Guerreros Buscadores, han mantenido presión sobre las autoridades tras descubrir restos óseos y pertenencias en el rancho en marzo de 2025, lo que reforzó las sospechas de su uso como campo de exterminio.
El proceso ha sido criticado por irregularidades iniciales, como la omisión en la identificación de evidencias, lo que ha llevado a generar investigaciones paralelas contra peritos y agentes ministeriales. (PSR)