Funcionarios piden hasta 10 mil pesos para agilizar trámites: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta acusó a funcionarios públicos, particularmente en los registros públicos de la propiedad, de solicitar hasta 10 mil pesos para agilizar trámites que deberían hacerse en un mismo día, por lo cual pidió a la ciudadanía denunciarlos y no ceder a la extorsión.

Así lo señaló durante su conferencia de prensa matutina, en la cual reiteró sus acusaciones contra trabajadores del gobierno que presuntamente estarían involucrados en diversos hechos delictivos.

El gobernador afirmó que "ya detectamos varios registros públicos de la propiedad, que un trámite que tiene que hacer y entregar en el mismo día les dicen que los van a entregar en tres, cuatro meses. Pero si cooperan con 5, 10 mil pesos, y se los pueden dar al otro día".

Ante esto, el mandatario informó que "ya están estos casos en la Fiscalía General del Estado, y no va a haber contemplación porque traiciona la confianza, sea quien sea", advirtiendo así que habrá sanciones para quienes incurran en esta práctica.

En el mismo orden de ideas, Armenta hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar estos casos, puesto que "cualquier oficina del gobierno tiene la obligación de atenderles".

"No permitan que un trámite que se los tienen que dar les diga un servidor público que si das una aportación adicional, en lugar de que te lo de en un mes, te lo voy a dar mañana", reiteró el gobernador.

En la última semana, el mandatario acusó a funcionarios de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) de estar involucrados en una red para apoyar a empresarios a evadir el pago de impuestos.

Del mismo modo, Armenta había apuntado que algunas personas estarían solicitando dinero para concretar citas con funcionarios de alto nivel como la secretaria de Medio Ambiente, Rebeca Bañuelos, a fin de acelerar diversos trámites.

En la conferencia matutina del lunes, informó que hasta el momento su administración ha iniciado 478 expedientes contra funcionarios públicos por omisiones o presuntos actos de corrupción, y de estos 36 han sido sancionados. (MCJ)