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Jueza de EE.UU. frena deportación de 100 venezolanos a El Salvador
La decisión se centra en el derecho al debido proceso de dos ciudadanos venezolanos y extiende protección al grupo
Imagen de IA representando a migrantes venezolanos
Foto: Grok
Charlotte N. Sweeney, jueza federal en Colorado, Estados Unidos, emitió un fallo que impidió la deportación de aproximadamente 100 inmigrantes venezolanos a El Salvador.
La decisión, respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se centra en el derecho al debido proceso de dos ciudadanos venezolanos de 25 y 32 años, cuya identidad no se ha dado a conocer, y extiende su protección al grupo detenido, en el centro de detención GEO en Aurora, al este de Denver.
La resolución de Sweeney responde a una demanda presentada por la ACLU, que argumentó que el gobierno federal no puede expulsar a los migrantes sin antes revisar sus casos individualmente o garantizarles una audiencia ante un juez.
Según documentos judiciales, los dos venezolanos representados por la ACLU cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos en Texas hace varios años, al igual que unos 40 mil compatriotas entre 2022 y 2024, muchos de los cuales también se asentaron en Colorado.
Los migrantes pueden ser deportados “injustamente”
La jueza destacó que los migrantes enfrentan el riesgo de ser deportados “injustamente” y podrían sufrir “daños irreparables” si son enviados a El Salvador, donde serían encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad conocida por sus duras condiciones.
Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, expresó: “Por primera vez en meses, sentimos un respiro”.
Lunn aclaró que la demanda no busca la liberación de los detenidos ni la concesión de asilo, sino garantizar que se respete su derecho a un proceso justo.
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La jueza ordenó que los dos venezolanos permanezcan en Colorado y, en caso de traslado, se les debe informar en español sobre su derecho a solicitar una revisión judicial.
El fallo cuestiona el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada previamente por la administración de Donald Trump para justificar deportaciones masivas, aunque el gobierno aseguró que no se aplicó en este caso.
Organizaciones de derechos humanos han criticado estas expulsiones, señalando que muchos de los deportados, acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, no tienen antecedentes penales ni pruebas que sustenten dichas acusaciones. (PSR)