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Educación
Tras el reconocimiento de su demanda por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en 2016, la institución ha empleado una serie de recursos para evitar el pago de los salarios caídos, que ascienden a una suma millonaria
Foto: Fernanda Potenciano
El exdirector del sistema de Educación Tecnológica de Puebla, Felipe Pacheco Parra, denunció que fue despedido de manera injustificada desde el 2006 de su cargo, y a pesar de haber promovido y ganado una demanda laboral lleva 18 años buscando justicia.
El despido se dio durante la administración de Mario Marín y de manera espontánea según acusa, por lo que solicitó la liquidación correspondiente, pero señaló que el secretario de educación de la época, Darío Carmona, le indicó que primero debía ganar el juicio laboral.
El académico colaboró en los institutos tecnológicos de Tepexi de Rodríguez y Tepeaca, siendo fundador de ambas instituciones dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado.
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Tras ser removido de su cargo emitió una denuncia ante la autoridad laboral y estatal que quedó en pausa durante el mandato marinista, y fue hasta 2016 que el asunto fue laudado, es decir, la demanda fue reconocida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
Sin embargo, aún con este reconocimiento, la JLCA ha llevado a cabo una serie de recursos con los que ha coaccionado en contra del afectado con la intención de que no obtenga los salarios caídos a lo largo de 18 años y que ya ascienden a millones de pesos.
El siguiente paso –explicó Pacheco Parra– fue enviar un documento dirigido al gobernador del estado, Sergio salomón Céspedes Peregrina, pues incluso ha tenido que emitir un amparo en contra de la junta que continúa evadiendo la justicia con un recurso legal que señaló de "doloso, tramposo y tendencioso."
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En el documento dirigido al mandatario, el maestro solicita el cumplimiento de la justicia y demanda a la Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje número 3, pues de acuerdo con la ley, la junta estaría promoviendo recursos para atrasar la justicia y finalmente agotar al afectado.
En rueda de prensa señaló que la junta busca obligarlo a aceptar una liquidación que se encuentra muy por debajo del monto real que se le debe, por ello pide la intervención gubernamental a fin de que no quede en entredicho la aplicación de la justicia y para investigar a quienes han actuado en su contra.
También señala a administraciones anteriores por no ejercer la justicia y turnar su asunto entre los distintos gobiernos a lo largo de 18 años de mandatos priistas y panistas, añadiendo que la JLCA incluso ha buscado engañar a su representante legal para evitar la promoción de los amparos. (EG).