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Los ciudadanos que hayan sido víctimas de alguna omisión o irregularidad por parte de los entes públicos podrán ser indemnizados de forma económica o en especie
Foto / Twitter: @AlcantaraEdu1
Luego de permanecer más de 20 años en omisión legislativa, el Congreso de Puebla impulsará la Ley de Responsabilidad Patrimonial para que los ciudadanos sean indemnizados de forma económica o en especie cuando los entes públicos, estatales y municipales, cometan alguna irregularidad en su contra.
En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó por unanimidad, con seis votos, el dictamen con la propuesta del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y la bancada de Morena en la materia.
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Gilberto Ramón Navarro Jiménez, director jurídico, explicó que el proyecto tuvo modificaciones menores tras la mesa de trabajo que los legisladores sostuvieron con el personal de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Por otra parte, la presidenta de la comisión, Mónica Silva Ruiz, detalló que en caso de que se apruebe en el pleno, esta ley comenzaría a aplicarse a partir del Ejercicio Fiscal 2024, por lo que el gobierno del estado tendrá que destinar el 0.3 por ciento al millar del presupuesto.
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Explicó que esto correspondería a un monto superior a los 15 millones de pesos, con lo que se podría liquidar la reparación del daño de hasta siete faltas. En tanto, cada uno de los 217 municipios tendrá que hacer las previsiones presupuestarias correspondientes para cumplir con la ley.
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“Los municipios definirán ellos mismos el monto, nosotros no podríamos hacerlo porque irrespetaríamos su autonomía. Ellos tienen la posibilidad de establecer con su Cabildo cuánto pretenden destinar del presupuesto”, comentó la legisladora.
Los ciudadanos que hayan sido víctimas de alguna omisión o irregularidad por parte de los entes públicos (estatales y municipales) y les cause algún daño, en especial durante un proceso de impartición de justicia, podrán ser indemnizados de forma económica o en especie.
Quedarán sujetos a este ordenamiento el Poder Legislativo; el Poder Ejecutivo, a través de la Administración Pública Estatal, Centralizada y las Entidades Paraestatales; así como los Organismos Constitucionalmente Autónomos.
También los municipios, a través de su Administración Centralizada y Paramunicipal; el Gobierno del Estado de Puebla y cualquier otro ejecutor de gasto de carácter estatal o municipal. La ley exceptúa a los notarios públicos. Es así que en comisiones del Congreso de Puebla aprueban Ley de Responsabilidad Patrimonial.