Integrantes de la administración 2018 - 2021, se llevaron documentación importante, que incluye estados financieros, por ello la Comisión General Inspectora del Congreso del Estado, así como la Auditoría Superior del Estado, se encuentran trabajando para revisar la cuenta pública presidida por Andrés Artemio Caballero López. 

La diputada local por el Distrito 25Olga Lucía Romero Garci - Crespo y también presidente de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, señaló que se está trabajando en conjunto con la Auditoría Superior del Estado (ASE), para verificar si el gobierno que presidió el exalcalde, Andrés Artemio Caballero López, cometió peculado.

La diputada agregó que no se puede tolerar lo ocurrido durante el proceso de entrega - recepción, pues se desconoce el paradero de Caballero López, por ello es necesario que se haga un análisis a la administración saliente a través de la ASE.

Señaló que es importante sacar a Tehuacán del “agujero” en el que cayó durante los últimos tres años, por esa situación también trabajarán en conjunto con el edil Pedro Tepole Hernández y así apoyarlos a identificar qué tipo de documentación desapareció.

Es importante mencionar que, aunque la diputada manifestó que analizarán el caso de Tehuacán, por las irregularidades presentadas, se ha hecho caso omiso en otros municipios, en donde los señalamientos han sido directos en insistentes, como la administración de David Celestino Rosas, en Coyomepan y la de Ignacio Salvador Hernández en Ajalpan, quien no terminó su proceso como alcalde, pero también tuvo participación por más de un año.

La administración de Pablo Desiderio Miguel, también presentó diferentes irregularidades, así como la de Aldo Arvizu Robles, en Coxcatlán.

Dos ediles como Roberto Víctor Bolaños Altamirano, ex presidente municipal de San Pablo Zoquitlán, quien fue detenido la tarde del pasado viernes 10 de septiembre, por presunto agravio al erario público y peculado; también se detuvo a Isidro Espinoza Fuentes, ex presidente municipal de Zapotitlán Salinas, por presuntos delitos en contra de la hacienda pública municipal.