Los candidatos del PAN en Puebla tendrán que buscar solos el apoyo de PSI o CPP si lo desean, pues el blanquiazul se desentendió de alguna negociación con estos partidos.

La dirigente panista Genoveva Huerta Villegas sentenció que corresponde a los aspirantes buscar el apoyo de los partidos locales porque ella solo dialoga con PRI y PRD.

En rueda de prensa virtual reveló este domingo que no busca sumar a Pacto Social de Integración (PSI) o Compromiso por Puebla (CCP) a la candidatura de Eduardo Rivera Pérez a la alcaldía de Puebla.

Solo dio como oficial el "acuerdo nacional" firmado con PRI y PRD, así que se deslindó de cualquier posible alianza con otros partidos, pero permitió a los aspirantes sumar apoyos.

Dio a conocer que a unas horas de que cierre el registro para precandidaturas suman más 2 mil 600 personas interesadas, tanto para las diputaciones, como para alcaldías y regidurías.

En el caso de Rivera Pérez, CPP y PSI le han externado su respaldo públicamente, pero no han formalizado su adhesión a la candidatura común.

De sumarse a su postulación, sería impulsado por cinco partidos políticos, igual que en 2011, cuando llegó a la alcaldía de Puebla por primera vez.

Exige auditoría a Claudia Rivera

Por otro lado, Huerta Villegas exigió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) practicar una fiscalización extraordinaria al gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco.

Esto al señalar opacidad en algunos contratos de bienes y servicios, que calificó de "oscuros" por entregarse mediante adjudicación directa.

De ejemplo puso que en 2020 se otorgó un contrato por 281 mil pesos a un despacho de auditores para dictaminar la cuenta del DIF municipal, pero el mismo despacho recibió la cantidad de siete millones de pesos por el diseño de una base de datos para consultar adjudicaciones de obra pública y compra de bienes y servicios.

Además citó un contrato por 15.8 millones de pesos para la renta de una plataforma de servicios en línea, así como el gasto de 26 millones de pesos para la renovación del servicio digital de infracciones, lo cual consideró un gasto innecesario, ya que en 2020 gran parte de la población permaneció en sus hogares por el confinamiento.