La Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal suma 710 denuncias contra servidores públicos del gobierno de Puebla por posibles hechos de corrupción o faltas administrativas.

Así lo reveló la titular de la dependencia, Amanda Gómez Nava, al comparecer este viernes en el Congreso local por el informe de gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

A raíz de las denuncias, anunció que se iniciaron 552 expedientes en los Órganos Internos de Control de las secretarías donde labora cada funcionario denunciado.

Ante los diputados de la Comisión Inspectora detalló que la SFP tiene abiertos otros 39 expedientes por probables faltas administrativas, de los cuales, 32 son por faltas graves.

Reconoció que de estos casos ninguno ha concluido y continúan las investigaciones.

200 denuncias por Prointegridad

Gómez Nava refirió que otras 200 denuncias se recibieron exclusivamente por el sistema electrónico del programa "Prointegridad" solo en 2020.

De los reportes, 100 se consideraron "no graves", mientras que 18 ameritaron iniciar procedimientos administrativos y de responsabilidades.

Indicó que en estos casos hay una acusación por desvío de recursos públicos y diez por cohecho, es decir, solicitar dinero a cambio de algún trámite o servicio.

La funcionaria reconoció que las "mordidas" son los actos más denunciados por la ciudadanía, pero no precisó cuántos casos se han sancionado.

Solo 20 sentencias

Gómez Nava refirió que la SFP ha emitido únicamente 20 sentencias condenatorias por diversas faltas administrativas, de las cuales ocho llegaron al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por la gravedad de los casos y este aún no resuelve.

De las sanciones impuestas por la Función Pública, Gómez Nava destacó tres multas impuestas a funcionarios en puestos clave.

A uno de la Secretaría de Educación se le multó con 942 mil pesos; a otro,  de la Secretaría de Economía, con 444 mil y a otro de la misma dependencia con 293 mil.