Comisionados del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Puebla denunciaron ataques y calumnias de diputados y del gobernador Miguel Barbosa Huerta, y los acusaron de no interesarse en combatir la corrupción.

Tras la investigación que se ordenó en su contra, este jueves calificaron de falsedades los señalamientos vertidos por la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo (de Morena), presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso local.
En un comunicado culparon del conflicto con el gobierno estatal —que data desde enero— a Olivia Villaseñor Rosales, ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien dejó el cargo en octubre.

Son calumnias lo señalamientos, aseveran

Los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) denunciaron que los señalamientos de que “no hacen nada” y la investigación a sus honorarios aprobada el miércoles se deriva de calumnias del gobernador de Morena y Romero Garci Crespo.

El pronunciamiento firmado por cuatro de los cinco comisionados señala que “raya en la agresión” el dicho de la legisladora, respecto a que perciben más de 120 mil pesos.

“Negamos categóricamente que ganamos 120 mil pesos mensuales y que tenemos los sueldos más altos de toda la administración pública estatal y de todos los CEPC en el país. Esta es una afirmación que no pasa la prueba de la más mínima objetividad acompañada de evidencias”, sentenció el comunicado.

Refirieron que el señalamiento es una “calumnia” lanzada por Barbosa Huerta en una rueda de prensa, de la cual tuvo que desdecirse al día siguiente.

“Se trata de una calumnia que en conferencia de prensa del 25 de junio de 2020 hizo pública el gobernador Barbosa y un día después tuvo que desdecirse (ver conferencias de prensa del gobernador de los días 25 y 26 de junio de 2020)”, explicaron.

En su desplegado enfatizaron que perciben 104 mil pesos, que menos impuestos se reducen a 70 mil, pero por orden del mandatario morenista se les redujeron a 30 mil, razón por la cual se ampararon y ya han ganado tres juicios.

“El intento de reducir nuestros honorarios de 104 mil pesos (menos impuestos nos quedan alrededor de 70 mil pesos netos) a 30 mil pesos (menos impuestos) a partir de enero de 2020 por parte del Órgano de Gobierno del Sistema Anticorrupción cuya voz cantante fue la anterior secretaria de la Función Pública, Laura Villaseñor”, reclamaron.

Comunicado Del CEPC Del SEA... by reportero econsulta

Exigen pedir cuentas a Villaseñor

Los comisionados remarcaron que a quien deben investigar los diputados es a Villaseñor Rosales, debido al “desastre” que dejó en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

“(A Olivia Villaseñor) es a quien deberían llamar a cuentas por el desastre en el que dejó al Sistema Estatal Anticorrupción y por las calumnias que sembró y que hoy la gente desinformada o mal informada repite sin pudor, es un asunto que se está resolviendo en tribunales federales (donde, por cierto, hemos ganado tres suspensiones definitivas)”, enfatizaron. 

Barbosa no combate corrupción

Sobre el desempeño de sus cargos y resultados, defendieron que por ley la información es pública en internet, así que quienes no conocen su trabajo es porque “poco o nada están interesados en el combate a la corrupción”.

A la vez reprocharon que “no han logrado más” porque el gobierno de Barbosa Huerta no ha tenido la voluntad de dialogar y trabajar en el combate a la corrupción. 

Por ello tacharon de falsedad la acusación de Romero Garci Crespo, respecto a que sus resultados “son mínimos o nulos”.

“La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla nos obliga a publicar un Plan de Trabajo y un informe anual de nuestras actividades que se presentan y entregan a los tres poderes estatales. Estos documentos, junto con nuestras minutas de trabajo, pronunciamientos, acciones, honorarios, etcétera, relacionados con nuestras atribuciones legales SON PÚBLICAS y se encuentran a disposición de la ciudadanía en nuestra página cpcpuebla.org.mx, la cual es financiada con nuestros propios recursos. Si la diputada Romero se dio a la tarea de analizar todo ese trabajo que se ha hecho, su afirmación de que nuestros resultados han sido “mínimos o nulos” es una falsedad”, puntualizaron.

Sobre el gobernador sentenciaron: “si no hemos logrado más es porque el gobierno del estado que encabeza Luis Miguel Barbosa (que como senador aprobó la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción) no ha tenido la voluntad de dialogar (y aclarar lo que se tenga que aclarar) y trabajar con nosotros en el combate a la corrupción. Esto ya lo dijimos y documentamos en nuestro informe de noviembre de 2020”.

Ofrecen diálogo

Los comisionados reiteraron que el conflicto con Barbosa Huerta fue originado por Villaseñor Rosales, por lo que ofrecieron diálogo ahora que ya no está para no continuar con un pleito institucional “inútil y estéril”.

Como en la Comisión Inspectora se propuso el miércoles una reunión entre diputados y el CEPC, pero se rechazó, el comité llamó a recapacitar y pidió diálogo al gobierno estatal y al Congreso.

“Les invitamos cordialmente a que se informen sobre qué es el Comité Estatal de Participación Ciudadana y cuál es su papel en el Sistema Estatal Anticorrupción. Se darán cuenta que, si en lugar de continuar con un conflicto innecesario, estéril e inútil (originado por una persona que ya ni en Puebla está), y nos sentáramos a dialogar con diputadas y diputados y, sobre todo, con el gobierno del estado, con el fin de trabajar juntos en el combate a la corrupción, hoy tendríamos en Puebla un Sistema Estatal Anticorrupción que sería un referente nacional como lo veníamos siendo hasta antes de 2020”, remarcaron.