Diputados de Puebla ahora investigarán los honorarios del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), tras sus recientes críticas y amparos contra el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

La Comisión Inspectora del Congreso del estado instruyó este miércoles a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a que comience la investigación con el argumento de que el comité “no hace nada”.

El comité lo integran la presidenta María del Carmen Leyva Báthory; Daniel Alejandro Valdés Amaro; Francisco Javier Mariscal Magdaleno, José Alejandro Guillén Reyes y Eira Zago Castro.

Por ley la presidenta debe percibir 115 mil 385 pesos mensuales y el resto 104 mil 894 pesos, pero el pago les fue retirado por completo desde el mes de enero por el gobierno de Barbosa Huerta.

La investigación de sus honorarios se aprobó con cinco votos a favor de Morena, PT, PRI y PES, así como una abstención del panista Oswaldo Jiménez López.

Ordenan visitas y auditorías

La instrucción a la ASE fue que realice “visitas, inspecciones y auditorías a efecto de verificar el correcto ejercicio de los recursos públicos que se destinan al pago de honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana”.

Se acordó además que luego de la investigación se mande a traer a los comisionados para conocer su trabajo en una reunión con la comisión.

El dictamen se modificó a propuesta del priísta Javier Casique Zárate, pues el acuerdo original pretendía también exigir documentación que probara que el comité ha cumplido “fehacientemente” con su labor.

El resolutivo que se eliminó decía: “se solicita al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción remita a esta Comisión, en un término no mayor a setenta y dos horas, los expedientes de cada uno de los miembros del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla, así como toda la documentación que acredite de forma fehaciente que cada uno de los integrantes del citado Comité, desde la fecha de su designación, han cumplido en su totalidad con la prestación de los servicios profesionales para los cuales fueron contratados”.

El acuerdo se modificó luego de Casique Zárate y Jiménez López refirieron que la Comisión Inspectora carece de facultades para evaluar el desempeño del comité.

En un inicio Jiménez López pidió desechar el acuerdo por considerar que se trata de una venganza política del gobernador Miguel Barbosa Huerta, pero como se negó su petición accedió a modificar el dictamen.

 

Los investigan tras retar a Barbosa

La investigación contra el Comité de Participación Ciudadana se aprobó luego de que sus integrantes se ampararon contra la retención de sus honorarios por parte del gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

El 11 de noviembre los comisionados revelaron que sumaban 5 juicios de amparo ante diversos juzgados contra la retención de sus honorarios.

En rueda de prensa detallaron que solo dos de ellos habían logrado hasta ese momento que se les pagara el 30 por ciento de sus percepciones.

A la vez denunciaron que carecían de oficinas para trabajar, pues las que usaban en la 4 Poniente 719 del Centro Histórico las se las quitó el Órgano de Gobierno del SEA, que encabeza la Secretaría de la Función Pública del estado.

Los comisionados consideraron que estas medidas fueron represalia por sus solicitudes de información y pronunciamientos sobre la opacidad del gobierno del estado.

Refirieron que en ejercicio de sus funciones solicitaron a la administración estatal informar las compras, contratos y todos los gastos derivados del combate a la pandemia de Covid-19, pero les fue negada la información.

Ante los señalamientos de opacidad y reclamos de los comisionados, el gobernador Miguel Barbosa Huerta arremetió contra ellos en sus ruedas de prensa matutinas.

Criticó que sus honorarios eran muy elevados y hasta sugirió cambiar por completo al Comité de Participación Ciudadana por considerar que los actuales son “morenovallistas puros” que se oponen a su gobierno.

Tras los embates del mandatario de Morena y las denuncias de los comisionados, organizaciones y académicos exigieron cesar el hostigamiento, restituirles sus lugares de trabajo y sus remuneraciones que marca la ley.