El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y ex secretario de Educación Pública Estatal, Jorge Benito Cruz Bermúdez, obtuvo un amparo de la justicia federal contra cualquier orden de aprehensión girada en su contra, sin embargo esta no lo exime de ser detenido si el cargo que se le busca imputar amerita prisión preventiva oficiosa según el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este recurso obtenido por el magistrado poblano le fue concedido por la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, María del Carmen Ruiz Medina, quien resolvió la solicitud presentada el pasado 6 de agosto y a la cual se le asignó el expediente 537/2020, según consta en el registro del Consejo de Judicatura Federal.

En el registro de expedientes públicos se puede constatar que la juez Ruiz Medina concedió la suspensión provisional para actos privativos de la libertad según lo solicitado por el magistrado Cruz Bermúdez, quien para acceder a dicho beneficio tuvo que pagar posterior al resolutivo la cantidad de 2 mil 500 pesos como garantía económica.

En el resolutivo de fecha 7 de agosto y publicado apenas este lunes se puede ver que el amparo tendrá como efecto detener a Cruz Bermúdez si el delito que se le busca imputar no está dentro de la lista de aquellos que ameriten prisión preventiva oficiosa, como lo puede ser el homicidio, secuestro, delincuencia organizada, entre otros.

Sin embargo en caso de que el delito sí sea de los llamados coloquialmente como "graves", derivará en que Cruz Bermúdez sí sea detenido pero quede a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal y del juez de la causa hasta que se resuelva su situación legal.

En la información del caso dentro de la base de datos del Consejo de la Judicatura Federal también se precisa que será el próximo 13 de agosto a las 9:17 horas cuando se realice la audiencia incidental correspondiente para determinar si se concede la suspensión definitiva.

Cabe señalar que el magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez quedó desprotegido con la eliminación del fuero constitucional a funcionarios que aprobó el Congreso del Estado, por lo que estaría a merced de los efectos de las investigaciones a sus gestiones en la SEP pero también en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).