El gobernador Miguel Barbosa Huerta autorizó donar al ayuntamiento de San Andrés Cholula un predio estatal de 10 mil 330.98 metros, para que se construyan oficinas gubernamentales.

Mediante un oficio solicitará al Congreso del estado avalar la donación del inmueble, que forma parte de “Granja La Virgen” y está ubicado en Cholula.

La iniciativa de decreto se presentará formalmente el miércoles en la sesión ordinaria del pleno y se enviará a la Comisión de Patrimonio y Hacienda.

“Lectura del oficio 0470/2020 del Secretario de Gobernación, quien, por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, remite la Iniciativa de Decreto de enajenación por donación, de una porción de 10,330.98 m2 (diez mil trescientos treinta punto noventa y ocho metros cuadrados) del inmueble denominado “Granja La Virgen”, ubicado en el Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en favor del honorable ayuntamiento del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, con el objeto de que sea usado para oficinas administrativas para la gestión municipal”, expone el orden del día de la sesión.

Tras su turno a comisión, se analizará y aprobará la donación, que luego tendrá que ser ratificada en el pleno por la mayoría de los 41 diputados para que se haga efectiva.

Discutirán fuero

En la sesión del miércoles también se pondrá a discusión el dictamen para eliminar el fuero constitucional que ostentan el gobernador, los diputados, el auditor y los magistrados del poder Judicial.

Las reformas se aprobaron la semana pasada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero se prevén modificaciones en el pleno debido a que la oposición ha criticado errores en el dictamen.

Por tratarse de modificaciones a la Constitución Política del estado, los diputados de Juntos Haremos Historia necesitan el voto de dos tercios del pleno, es decir, por lo menos 28 para que pase la minuta.

El proyecto que se discutirá es rechazado por las fracciones del PAN y el PRI porque permite a los funcionarios procesados continuar en el cargo mientras concluye su juicio.

Solo se contempla la separación del cargo como medida cautelar, que tendrá que determinar un juez si el delito que se imputa amerita prisión preventiva.

La medida contrasta con lo aprobado a nivel federal, pues el artículo 111 de la Constitución del país ordena que los funcionarios estatales abandonen su puesto de forma inmediata, luego de que se les vincule a proceso.

Tras las críticas la presidenta de la Comisión de Gobernación, Vianey García Romero (de Morena), convocó a un foro virtual este martes para discutir las reformas.