Sexoservicio en Puebla, entre precariedad y temor por Covid-19

El Covid-19 también afecta a las sexoservidoras de la ciudad de Puebla, señala María de Lourdes Hernández Castillo, quien desde el 2012 trabaja por la defensa de los derechos de sus compañeras a través de la Unificación de Sexoservidoras del Estado de Puebla A.C.

Aunque estima que en el Centro Histórico y otras zonas de tolerancia de la ciudad hay al menos 800 sexoservidoras activas, en la asociación civil sólo trabajan activamente por 35 mujeres.

El grupo es pequeño, pero en sus experiencias se refleja parte de la precariedad y temor que vive este sector ahora que se extienden los casos de coronavirus, que hay un llamado de autoridades al resguardo domiciliario y que la economía está mal.

Desde que las medidas sanitarias iniciaron a finales de marzo las sexoservidoras de la asociación registraron una disminución de hasta 80 por ciento en sus servicios. Por un lado decidieron organizarse para no trabajar todas al mismo tiempo y así evitar hacinamiento. Por otro, se vieron afectadas por la falta de ingresos de sus clientes habituales.

Esta situación, detalla Hernández Castillo, es todavía más complicada para un grupo de nueve compañeras cuyas edades van de los 60 a los 72 años.

"Tenemos compañeras que son más jóvenes, que son de 25 años y normalmente no les va mal, pero otras se llevan a veces un servicio al día y apenas les sirve para sus gastos", dijo.

Entre ellas, explicó, hay incluso quien a falta de un patrimonio dependen de que les permitan dormir en los hoteles donde se ofrecen los servicios sexuales.

Para las adultas mayores y las otras integrantes de la asociación buscarán apoyos del Programa Especial y Emergente Alimentario, Puebla Contigo que puso en marcha el sábado pasado el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. A media semana estaban a la espera de ayuda para redactarle al mandatario una carta formal.

Fuera de la asociación civil saben también de sexoservidoras que recientemente han dejado el Centro Histórico para ofrecer servicios en la Vía Corta a Santa Ana. Para la activista esta situación es aún más riesgosa, pues ocupan campos y terrenos baldíos para atender a la clientela.

Les capacitan, pero temen

En cuanto a la salud, explicó la activista, desde hace tres años se logró que les dieran una atención especial en el Seguro Popular, hoy Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi).

Al menos dos veces al mes tienen consulta en el centro de salud del Barrio de Analco. Con frecuencia les realizan estudios relacionados con su actividad y su edad. Asimismo reciben capacitaciones, como una reciente en donde les explicaron cómo protegerse del Covid-19.

"Nos han dicho que nos debemos de cuidar, que debemos lavarnos las manos, desinfectar lo que ocupamos, tener jabón y cloro, que debemos usar cubrebocas cuando nos ocupemos, que usemos guantes", explicó.

Cumplir con las medidas, reconoce Hernández Castillo, es sencillo, pero eso no significa que no tengan miedo al coronavirus. En su caso ha decidido estar más atenta al menor síntoma para dejar de trabajar.

Le ha tocado también la cárcel

A ocho años de iniciar con el activismo, a la representante de sexoservidoras le ha tocado vivir desde la incredulidad y la crítica, hasta una sentencia de dos años de prisión en el penal de San Miguel por delitos relacionados con los servicios sexuales, de los que no se pudo defender.

Pese a ello decidió continuar con la asociación civil al salir libre pues considera que es una actividad económica que en su caso le ha permitido tener dos hijos universitarios. Cree que todas las sexoservidoras deben prestar sus servicios con seguridad y y derechos garantizados. A otras compañeras de Puebla les pide confiar en los beneficios de organizarse.

"Que crean un poquito en una, las demás compañeras no me creen porque yo soy una igual que ellas, una trabajadora, me dicen: estás loca, ¿como crees?. Quieren ver a alguien de gobierno a o a un licenciado", comentó.