Mujer en fiscalía de feminicidios y ejército acuartelado, piden en Puebla

Una mujer al frente de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Género y sacar a las fuerzas armadas de las calles, exigen mujeres de diversos partidos políticos en el Decálogo Feminista contra la Violencia de Género en Puebla.

Con el desdén de Morena y del PVEM, este domingo priístas, panistas, perredistas, así como militantes del PT, NA y PES, se unieron para firmar el pliego que incluye diez demandas para el gobierno estatal y federal.

Declarar a nivel nacional la alerta por violencia de género; derogar leyes discriminatorias y acabar con la impunidad, son otras de las exigencias presentadas en el Día Internacional de la Mujer.

En rueda de prensa, la diputada local Rocío García Olmedo (del PRI), organizadora del decálogo, señaló que las acciones se impulsarán desde el Congreso del estado, el Congreso de la Unión y ante los gobiernos municipal y estatal.

Entre las firmantes del documento destacan la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas; la senadora panista Nadia Navarro Acevedo, así como las diputadas federales Verónica Sobrado Rodríguez (PAN); Lucero Saldaña Pérez (PRI) y Martha Tagle Martínez (MC).

También la exsenadora Blanca Alcalá Ruiz (PRI); la excandidata a la gubernatura Roxana Luna Porquillo (PRD) y la exdiputada local Carolina Beauregard Martínez (PAN).

Las demandas del decálogo

La primera demanda es la desmilitarización del país, bajo la premisa de que con ello disminuirá la violencia y las violaciones a derechos humanos.

En este punto también se exige mejorar los sistemas de iluminación, lotes baldíos

debidamente cercados, medios de transporte público eficientes, programas de transporte privado administrado y operado por mujeres para uso exclusivo de mujeres y niñas e instituciones de educación seguras.

La segunda exigencia es tomar medidas para “aumentar la conciencia de los derechos humanos de las mujeres, mediante campañas y capacitación institucional en las que participen organizaciones de mujeres expertas en el diseño, control y evaluación de las políticas sobre seguridad”.

En el plano legislativo se buscará la derogación de normativas que discriminan a las mujeres e impulsar la regulación y sanciones a quienes difundan imágenes y revictimicen a las mujeres. También armonizar en la normativa estatal las definiciones legales y sanciones para discriminación y violencias contra mujeres y los feminicidios.

En la demanda de acabar con la impunidad, se incluyó “la capacitación sistemática y obligatoria para el personal de juzgados, fiscalías, defensorías públicas, agencias de policía federal, estatal y local, sobre derechos de las mujeres”.

Finalmente, se exige un alto a la revictimización de mujeres que acuden a denunciar en los Ministerios Públicos; que se garantice su acceso a la justicia, que no se les discrimine y que existan “más acciones y menos discursos” por parte de los gobiernos.