Aunque Puebla cumplió con todas las acciones de la Alerta de Género, los resultados son a largo plazo, advirtió la Secretaría de Igualdad Sustantiva, mientras que la de Bienestar admitió que solo hay una denuncia por anomalías durante la reconstrucción.

Al comparecer este jueves ante el Congreso del estado, Mónica Díaz de Rivera, titular de Igualdad Sustantiva, aseguró que el estado concluyó a tiempo las 45 acciones contenidas en la declaratoria de la alerta emitida por la Conavim el 8 de abril de 2019.

En su intervención como parte de la glosa por el primer informe de gobierno admitió que hay “dos formas de ver” el cumplimiento del protocolo, una por las acciones, que sí se llevaron a cabo y otra por los resultados, que no se reflejarán de forma inmediata.

Aún con esto presumió a los diputados de la Comisión de Igualdad de Género que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) quedó “sorprendida” con el papel del estado ante la alerta, pues en otras entidades “no hacen nada”.

La funcionaria sostuvo que en Puebla todas las dependencias y órganos de gobierno se sumaron al cumplimiento de las recomendaciones a pesar del poco tiempo que había de plazo.

Sin hablar de los recursos que se recibieron ni los ejercidos, afirmó que los 50 municipios en los que se declaró la alerta se involucraron en ella, aunque la Secretaría de Gobernación señaló el martes que solo se recibieron 2 millones de pesos de la Federación.

Reprochan castigo del aborto

Díaz de Rivera aprovechó para recordar a los legisladores que en concordancia con el respeto a los derechos humanos, al Congreso del estado le falta despenalizar el aborto y reconocer los matrimonios igualitarios.

Esto luego de que los diputados se negaron a aprobar ambas medidas en octubre del año pasado, por lo que la secretaria llamó a recular.

Recordó que el rechazo a los matrimonios entre personas del mismo sexo dio lugar a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado interpusieran acciones de inconstitucionalidad, que obligarán a legislar dichas uniones.

A la vez señaló que aún falta por legislar la Ley de Participación Ciudadana, en la que adelantó que propuso la “institucionalización del feminismo”, para que en la administración pública se den espacios a activistas y puedan llevar a cabo las acciones que han exigido desde las organizaciones sociales.

Solo una denuncia por reconstrucción

Por su parte, Lizeth Sánchez García, titular de la Secretaría de Bienestar, admitió que solo hay una denuncia por probable desvío de recursos públicos del fondo para la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En su comparecencia señaló que el recurso está en manos de la Secretaría de la Función Pública y aún no hay avances sustanciales de las investigaciones.