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Ubican anomalías de 1,300 mdp en Ciudad Audi y Banco de Tierra

Política   /   
Héctor Llorame  |
 Domingo, Noviembre 17, 2019

La Auditoría Superior del Estado detectó inconsistencias al revisar la cuenta pública 2017

A 1 mil 301 millones 513 mil 635.72 pesos ascienden las anomalías que detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE) al fiscalizar la cuenta pública 2017 de organismos como Ciudad Modelo, Carreteras de Cuota, el Capcee y Convenciones y Parques.

Así lo exhiben los informes individuales de fiscalización que la ASE envió al Congreso del estado y que fueron aprobados el miércoles, a fin de que inicien las investigaciones y los sujetos obligados puedan solventar las irregularidades que se les atribuyen.

De no aclarar el destino de recursos, los acusados serían sometidos a un Inicio de Procedimiento Administrativo y de Responsabilidades (Ipadr), que podría desembocar en multas e inhabilitaciones para ejercer otro cargo público.

Ciudad Modelo –donde se ubica la armadora alemana Audi- es el Organismo Público Descentralizado (OPD) que más recursos debe explicar, pues le señalaron inconsistencias por 488 millones 372 mil 306.64 pesos en el primer año del panista David Rosas Armijo como director.

De esa cantidad destacan 129 millones 904 mil 208.12 pesos que la ASE ordenó explicar al también exdirector del DIF, pues no acreditó la compra de terrenos para ampliar el territorio de Ciudad Modelo, con lo cual se buscaba que el polígono se convirtiera en Zona Económica Especial (ZEE).

El dictamen publicado por la auditoría señala que faltan los expedientes por la adquisición de cada uno de los terrenos, aunque no precisa de cuántos se tratan, además de que no aparecen en el inventario de bienes del OPD.

Rosas Armijo tampoco presentó las escrituras públicas de los terrenos adquiridos; evidencia del pago (efectivo, cheque o transferencia electrónica), así como la requisición y justificación de la compra de los predios.

A la vez se detectaron irregularidades por 9 millones 306 mil 667.82 pesos por el Estudio de Prefactibilidad Económico Financiera para ser Zona Económica Especial, pues faltó el dictamen de adjudicación directa con el que se eligió a la empresa que lo realizó; el contrato no cuenta con un anexo y no se halló evidencia del resultado obtenido por los servicios contratados.

A la vez se encontraron inconsistencias en transferencias y asignaciones del último trimestre de 2017 que sumaron 205 millones 530 mil 303.24 pesos, así como irregularidades en la nómina del mes de septiembre y en la compra de automóviles.

 

Anomalías millonarias en Banco de Tierra

En el fideicomiso Banco Estatal de Tierra (BET) se hallaron anomalías por 469 millones 449 mil 512.74 pesos, de las cuales 460 millones 861 mil 690.32 corresponden al rubro Derechos a Recibir Bienes o Servicios según Estado de Situación Financiera, donde hubo opacidad en el proceso de adjudicación de los bienes adquiridos.

No se tienen hasta ahora las escrituras públicas y los avalúos, además, de que el extitular, José Miguel Rivas García, deberá justificar el motivo por el cual los anticipos para comprar inmuebles se entregaron en enero de 2017 y no hubo movimiento alguno durante todo el año y no se comprobó una contra prestación.

El BET y Ciudad Modelo han sido señalados como parte de una “trama” para la instalación de la planta armadora de Audi, pues la organización Puebla contra la Corrupción, ha denunciado que durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, funcionarios se hicieron ejidatarios para comprar terrenos en San José Chiapa a un precio ínfimo, para después venderlos a sobre precio al gobierno estatal, que posteriormente los remató a la trasnacional alemana.

 

Opacidad en Carreteras de Cuota

En el OPD Carreteras de Cuota se detectaron irregularidades por 118 millones 803 mil 486.77 pesos durante la gestión de Roberto Rivero Trewartha, por la inexistencia de comprobantes de la venta de bienes y servicios, así como por la falta de evidencia de transferencias y asignaciones por 97 millones 767 mil 888.64 pesos.

Con Alfredo Ávila Salazar al frente de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) no se comprobó el destino de 68 millones 604 mil 732.42 pesos, de los cuales, 54 millones 971 mil 932.80 corresponden a pólizas y documentación comprobatoria de subsidio estatal del último trimestre de 2017.

No se mostró documentación de cómo se ejercieron participaciones federales y aportaciones; de la compra de materiales y artículos de construcción, así como del mantenimiento para la Planta Potabilizadora de Ciudad Modelo.

 

Van contra magistrado Bermúdez

El experredista y ahora magistrado del TSJ, Jorge Cruz Bermúdez, tendrá que aclarar el ejercicio de 68 millones 123 mil 440.46 pesos, de cuando encabezó el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

Del monto general, 5 millones 587 mil 492.14 pesos corresponden a inconsistencias en el suministro de mobiliario y equipo para laboratorios de mecatrónica en el Centro Escolar de Nueva Creación, ubicado en la Cabecera Municipal de San José Chiapa.

Otros 2 millones 625 mil 367.08 pesos involucran a la construcción del Centro Integral de Servicios de Tepexi de Rodríguez, mientras que también tendrá que aclarar el destino de subsidios y subvenciones y la construcción de dos aulas de un Cecyte en Tecamachalco y de una en Puebla capital.

El holandés Lambertus Matthijs De Kool, que estuvo al frente del OPD Convenciones y Parques, no explicó el uso de 44 millones 957 mil 164.1 pesos por la compra de materiales y equipo menor para oficina, así como por alimentos y utensilios.

No mostró a la ASE evidencia del pago de arrendamiento de varios inmuebles, así como por publicidad en medios de comunicación, producción de spots y comerciales.

Ricardo Gutiérrez Loyola gastó en internet al frente del OPD Puebla Comunicaciones, pero le faltó comprobar los gastos por 32 millones 369 mil 752.27 pesos.

No acreditó a la auditoría la legalidad del proceso de adjudicación de dos contratos de 9 millones 999 mil 999.99 pesos cada uno, por el servicio de internet, así como de otro de 9 millones 429 mil 999.99 por difusión de publicidad en radio y televisión.

 

Requieren a Carrancá

El aún titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Carrancá Bourget, tiene que explicar el ejercicio de 7 millones 906 mil 265.7 pesos por la contratación de materiales y suministros, el gasto en servicios personales y la compra de bienes muebles.

El magistrado Adrián Rodríguez Perdomo, a su vez, deberá dar cuentas de 2 millones 341 mil 174.62 pesos de cuando estuvo como presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

El perredista Carlos Martínez Amador, por su parte, tiene que comprobar la compra de mobiliario por 585 mil 800 pesos que realizó como director general del sistema de colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep).

Estos informes de fiscalización forman parte del bloque de 110 que fueron enviados por la ASE, y que serán los primeros que dictamine la coalición Juntos Haremos Historia en el Congreso del estado.

Foto: Especial

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