Congreso reduce presupuesto de la Auditoría y eleva el suyo

Por posibles irregularidades en pagos por impresión de libros, asesorías y actos protocolarios, el Congreso determinó bajar a 140 millones de pesos el presupuesto para 2019 de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que este año ejerció 154 millones 376 mil 219 pesos, una baja de 14.3 millones.

En contraste, el proyecto para el poder legislativo se plantea por 190 millones de pesos, lo que representa un incremento en 40 millones 577 mil pesos en relación con los 149 millones 423 mil pesos etiquetados para este año.

José Juan Espinosa Torres, presidente de la Mesa Directiva, señaló que al revisar el uso que la ASE, a cargo de David Villanueva Lomelí, dio a los presupuestos, se detectó que en el año 2016 el financiamiento pasó de 138 a 158 millones de pesos sin que se justificara el motivo de aumento.

A la par, manifestó que se encontró que la ASE destinó 12 millones de pesos en actos protocolarios, hasta 4 millones de pesos por asesorías y 5.5 millones de pesos por la publicación de libros y revistas.

Ante esta situación, Espinosa Torres precisó que se devolvió el anteproyecto que la ASE remitió al poder legislativo como propuesta de presupuesto para el 2019, y se decidió dejar en 140 millones de pesos la partida financiera.

En el caso del Congreso, el coordinador del PT comentó que la proyección va por 190 millones de pesos, pero no detalló el motivo del incremento en comparación con los 154 millones 376 mil 219 pesos que el gobierno de Antonio Gali Fayad etiquetó para este año.

El aumento en el presupuesto para el Congreso contrasta con las medidas de austeridad que Morena promueve como parte del programa de gobierno que implementará Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.

En el caso de Puebla, el 10 de octubre, Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de la bancada de Morena, presentó la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, la cual propone establecer un salario máximo de 60 mil 450 pesos para los funcionarios de los tres poderes del estado, prohíbe la entrega de bonos y gastos de representación y sólo se permitirán dos viajes internacionales para funcionarios estatales.