Chalchihuapan, ejemplo de violación a derechos en sexenio de EPN

El enfrentamiento entre policías y pobladores de la junta auxiliar de Chalchihuapan, en 2014, fue ubicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como uno de los casos de violaciones graves a las garantías de los ciudadanos, que marcaron el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Fue el nueve de julio de ese año, cuando elementos de seguridad pública dispersaron a golpes una protesta que realizaban habitantes de esa comunidad perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan, lo que derivó en más de medio centenar de heridos, así como en la muerte del niño José Luis Tehuatle Tamayo.

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Puebla es ejemplo, pero en falta de protección a los derechos humanos

El caso fue retomado en por el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, al presentar este miércoles el informe de actividades 2017 de la Comisión, ante el presidente de la república, en un evento realizado en la Residencia Oficial de Los Pinos.

El ombusman señaló en su discurso que el balance de la situación de derechos humanos durante el gobierno que está por concluir, no es favorable pues no se ha garantizado el resguardo de los mismos, y sí se ha privilegiado una situación antidemocrática.

“… no se ha experimentado cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de esos derechos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado Democrático de Derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban, de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia; impunidad y corrupción; desigualdad y pobreza”, subrayó.

Como ejemplo, González Pérez citó los casos de Tanhuato, Apatzingan, Tlatlaya y Nochixtlan, en donde elementos que pertenecían a las corporaciones de seguridad pública municipal, estatal o federal, fueron señalados de violentar la integridad física de los habitantes de esos lugares.

Por los hechos de Chalchihuapan, en septiembre de 2014, la CNDH hizo una recomendación al gobierno de Puebla, en ese entonces, a cargo de Rafael Moreno Valle Rosas, por violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores.

En enero de 2018, la Comisión dio por concluida la recomendación, una vez que la administración estatal mostró pruebas de cumplimiento en los 11 puntos del documento, sin embargo, los pobladores afectados sostienen que el caso no puede darse por cerrado, principalmente, porque a la fecha no hay ningún funcionario sancionado por el enfrentamiento.

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