Impugna Auditoría Superior la exoneración de Rivera Pérez

La Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior del Estado (ASE) impugnó a la sentencia que dejó sin efecto la inhabilitación por 12 años y la multa económica por 25.5 millones de pesos impuesta a Eduardo Rivera Pérez.

El recurso de revisión se interpuso el 16 de marzo, según se aprecia en el portal electrónico del Consejo de la Judicatura, por parte de la Dirección General Jurídica y la Dirección Jurídica de Substanciación de la ASE y que están a cargo de Horacio Ancheita del Río y José de Jesús Pérez Fortunio.

La inconformidad del órgano de fiscalización pretende revertir la sentencia que el pasado 6 de marzo dictó el Juez Tercero de Distrito, ante quien el panista presentó el juicio de amparo 943/2017 en mayo de 2017.

La defensa de Rivera Pérez se dio a raíz de que el 7 de abril de 2017, los diputados aprobaron por mayoría de votos inhabilitar por 12 años para ocupar un cargo público al ex alcalde de Puebla, así como aplicarle una sanción económica por 25.5 millones de pesos por presuntas irregularidades en su cuenta pública 2013.

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Tras el fallo del juez, el líder del Congreso, Carlos Martínez Amador (PRD) evitó confirmar si se promovería una impugnación, pero advirtió que en el juicio de amparo de Rivera Pérez también tenían interés otras instancias como la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y la ASE.

A la par, afirmó que la LIX Legislatura no aprobará un nuevo dictamen sobre la cuenta pública de Rivera Pérez, pese a que la sentencia del juez federal refiere que: “el Congreso debe dejar "insubsistente" el dictamen con el cual se inhabilitó por 12 años y sancionó económicamente con 25.5 millones de pesos al político, quien el domingo pasado se registró como candidato de la coalición “Por Puebla al Frente” a la presidencia municipal de la capital.

Además el fallo anuló todos los actos procesales en el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades que se le impuso al panista.

Rivera Pérez señaló que la sentencia del juez federal demostró que el proceso que se le emprendió desde el Congreso fue incorrecto y que tanto él como su equipo de colaboradores “ganaron”.

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