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Sociedad
150 agrupapciones presentan informe a los 18 integrantes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU, en Ginebra, Suiza
La persecución de protestas de pueblos indígenas, la falta de consulta a esos sectores para emprender proyectos como los gasoductos, además del alto número de feminicidios y la pobreza, sitúan a Puebla como ejemplo de violaciones a los derechos humanos a nivel nacional.
Así lo expuso un colectivo de 150 agrupaciones civiles en un informe que elaboraron sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, el cual fue presentado este lunes a los 18 integrantes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU en Ginebra.
Entre quienes elaboraron del documento destacan la Alianza Mexicana contra el Fracking, Cartocrítica, Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, Fundar, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ y The Hunger Project México.
Las organizaciones no gubernamentales destacaron en el reporte que el país vive una “grave” situación de derechos humanos por las acciones y omisiones del gobierno y de actores no gubernamentales como las empresas, y que “permanecen en la impunidad tanto por corrupción y falta de voluntad política de las autoridades como por la deficiencia de recursos jurídicos nacionales apropiados…”.
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Comunidades no son tomadas en cuenta
En el caso de Puebla, las agrupaciones expusieron que la situación en el estado es un ejemplo de que las autoridades han permitido la realización de proyectos sin antes llevar a cabo una consulta pública, y de la judicialización de protestas por la puesta en marcha de proyectos como los gasoductos.
Citaron el caso del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 en la Sierra Norte a cargo de la empresa Deselec Comexhidro, pues no se consultó a los pueblos de origen nahua y totonaco que viven en la zona, situación que se llevó a los tribunales.
La hidroelectrica afectaría los municipios de Huauchinango, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya.
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Otro caso que se cita en el informe es el del gasoducto Morelos, que además de ese estado también abarca a Puebla y Tlaxcala,pues aunque en este caso sí se puso en marcha una consulta con los pueblos, no abarcó a todas las comunidades que resultarían afectadas.
Por ejemplo, “las comunidades afectadas en el estado de Puebla son nahuas, totonacas, tepehuas y hñahñú, quienes refieren que además del derecho al territorio, hay violaciones al derecho a la información, al consentimiento informado, al debido proceso, a no ser criminalizado, a la vivienda, a la alimentación y a un ambiente sano.
Feminicidios son alarmantes
En el reporte, se advierte que Puebla se encuentra entre las entidades con el mayor número de feminicidios, conjuntamente con Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca y Sonora, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Mujeres y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
En otro punto, las agrupaciones advirtieron que aún no están regulados los lineamientos federales para la explotación de petróleo mediante la técnica de fracking (fragmentación de placas tectónicas), lo que afectará los territorios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luís Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla, sin que sus habitantes hayan sido consultados al respecto.
Finalmente, condenaron que la situación de marginación en el estado no ha cambiado en por lo menos el último sexenio, pues aunque el número de personas que viven en pobreza disminuyó, no ocurrió lo mismo con quienes tienen alguna carencia para tener una vida digna.
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