Sociedad
CFE va contra opositores a obra que ven dañina para Cuetzalan
En calidad de indiciados, los activistas rindieron hoy su primera declaración ante la PGR; de acuerdo con su defensa, les imputan delitos federales que podrían llevarlos a prisión
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la constructora Modinsa que trabaja para aquella, emprendieron acciones legales contra cuatro habitantes de Cuetzalan que rechazan la construcción de una subestación y una línea de alta tensión por considerarlas nocivas para el hábitat y de nulo beneficio para la comunidad.
La oposición se formalizó desde el Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) que, de acuerdo con sus integrantes, tiene el reconocimiento de diferentes niveles de gobierno y en una publicación del Diario Oficial del Estado de Puebla.
En calidad de indiciados, los activistas rindieron hoy su primera declaración ante la Procuraduría General de República (PGR) y de acuerdo con su defensa les relacionan con delitos federales que podrían llevarlos a prisión.
Los afectados son Rufina Edith Villa, Álvaro Aguilar Ayón, Nazario Diego Téllez y Luis Enrique Fernández Lomelín, quienes además de integrar el comité pertenecen a otras organizaciones sociales de la Sierra Norte. En dos de los casos destaca su origen indígena y hay también el caso de un vecino que es investigador académico.
Los acusan por negarse a obra
De acuerdo con Aguilar Ayón, recibieron la notificación de la PGR el fin de semana y fue hasta hoy que conocieron los detalles y tuvieron acceso a la carpeta de investigación, lo que les permitirá recurrir a acciones para defenderse.
"Pusieron esa demanda por delito federal hacia algunos de los habitantes de Cuetzalan, acusándonos de que ellos quieren autorización para construir una subestación y una línea de alta tensión entre Ayotoxco y Cuetzalan. La demanda en contra nuestra, se especifica ahí, es porque nos oponemos a esta obra.
"Nos acusan de culpables de que la obra no se esté realizando porque representamos a organizaciones que han manifestado estar en contra de la construcción de esas obras; lo consideran como delito federal por ser una obra pues que ya está autorizada", dijo.
El COTIC, explicó al respecto, es un comité que regula el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Cuetzalan del Progreso bajo el reconocimiento de diferentes niveles de gobierno y en una publicación del Diario Oficial del Estado de Puebla.
“Al comité le toco determinar la viabilidad y se concluyó que las obras de CFE no eran procedentes por atravesar zonas de conservación en donde no está permitido que se dañe el bosque y que, aunque se prevén consideraciones para obras de esta magnitud, se restringen a proyectos que beneficien a la población (y) este caso no lo cumple”.
La misma CFE -señaló el indiciado- reconoce en sus propios estudios de impacto ambiental que se trata de un proyecto con beneficios para la industria minera, que no han sido benéficos en otros casos de la Sierra Norte.
"Hablaba de que esa subestación y la línea de alta tensión se requerían para proyectos de tipo de minería y pues también para aspectos turísticos. El proyecto o los proyectos de minería que han sido aprobados y quieren echar a andar en la zona de ninguna manera benefician a la población”:
"Son para empresas de otros países que quieren venir a extraer esos minerales que existen ahí. Entonces el dictamen ( del comité) que se dio es negativo para que se construyera la obra. Fue negativo por esas dos razones: porque por un lado afecta zonas de conservación y por otro esas obras no son en beneficio", explicó.
Tan sólo en la obra de la línea de alta tensión, detalló Aguilar Ayón, se afectarían 18 metros por 20 kilómetros de un área con características de bosque y por donde atraviesan varios manantiales de la zona.
Faltó consulta y avanza proyecto
Al margen del COTIC y lo que este defiende, los activistas acusan que en el proyecto no se han respetado previsiones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y disposiciones internacionales que prevén el mecanismo de consulta a las poblaciones indígenas.
Mientras que los activistas emprenden acciones legales en su defensa y con todo y que autoridades municipales habían asegurado que negarían permisos, en Cuetzalan se han observado recientemente trabajos de limpieza para preparar el terreno de la subestación.
El próximo 9 de febrero es la fecha tentativa que les dieron a los cuatro indiciados para que preparen su defensacontra las acusaciones de la CFE y vuelvan a comparecer en las instalaciones de la PGR.