Batalla contra multas injustas del ayuntamiento poblano duran años

Evitar embargos y cobros de predial, infracciones de tránsito y clausuras de negocios, realizados indebidamente por autoridades municipales de la capital, le cuestan a un ciudadano un par de meses o hasta casi cuatro años.

Así lo refleja un análisis de los casos resueltos y hechos públicos por la Sindicatura, en lo que va de este año, a favor de 25 ciudadanos que demostraron, al interponer recursos y seguir un procedimiento legal, que tenían la razón.

De estos 25 casos sólo se informa la resolución total de 18 recursos, en los que se observa como autoridades involucradas, con seis casos cada una, a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPYTM) y a la Tesorería.

En el caso de la SSPYTM lo que ha resuelto la Sindicatura es que las infracciones no se llenaron correctamente; en algunas faltan los artículos que sustentan las sanciones y en uno de los casos el agente a cargo no colocó su firma.

Las multas y cobros adicionales que los ciudadanos han evitado, van de los 7 mil 304 pesos, hasta los mil 269. En algunos casos, los inconformes pagaron y lograron la devolución de su dinero y en otros más no pagaron pero les retuvieron sus placas durante casi un año, en lo que se resolvieron sus casos.

Ganarle a la comuna no libró a muchos de ellos hacer pagos a grúas y al corralón, aunque también les fueron devueltos.

Los siete casos en los que ciudadanos se defendieron de cobros y embargos de la Tesorería, se caracterizan por ser los que más han tardado en resolverse, con procesos que tardaron hasta cuatro años.

En estos casos, las irregularidades de la dependencia incluyen el intentar sancionar por años en que los ciudadanos sí pagaron su predial, por no entregar correctamente notificaciones y también hay el caso de una asociación religiosa, no especificada, a la que intentaron cobrarle, sin sustento, 2 mil 209 pesos.

Luego de la SSPYTM y la Tesorería, la que registró más resoluciones a favor de ciudadanos fue la Unidad de Normatividad Comercial que, por no firmar notificaciones con los datos del funcionario correcto, tuvo que devolver dos multas, la mayor, de 5 mil 112 pesos, y debió dejar sin efecto la clausura de un negocio que deostró tener los permisos reclamados.

Los otros tres casos en que los ciudadanos demostraron tener la razón fueron dos intentos de cobros por impuestos inmobiliarios y un caso de clausura con la firma incorrecta de un funcionario del área de la fiscalización de mercados.

Según la versión de los resolutivos que se transparenta en el portal del Ayuntamiento, hasta octubre se habían emitido 95 de los cuales fueron minoría los favorables a los ciudadanos.

Mientras que a 25 ciudadanos se les reconoció que tenían razón y se dejaron sin efecto sus sanciones, en 28 casos el gobierno municipal confirmó multas y cobros; en 16 se revocaron los recursos ciudadanos y en 11 se agotaron las pruebas para demostrar quién tenía o no la razón.