Te puede interesar:
Carrancá tendrá escoltas hasta el año 2027, según propone Gal...
Política
En puerta, aprobación de escoltas a Carrancá al dejar su cargo
Podrá contar cuatro años con este beneficio, al igual que los titulares de las Fiscalías Especializadas, la de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, así como la Agencia Estatal de Investigación
Tres meses después de la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Congreso atenderá las últimas tres reformas que son parte del marco legal, entre ellas, mantener escoltas al Fiscal General tras dejar su cargo, una modificación constitucional para ampliar a siete el número de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, castigar los actos de corrupción y aprobar la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas.
Jorge Aguilar Chedraui, líder del Congreso, explicó que la intención es que las reformas propuestas por el gobernador Antonio Gali Fayad, en el caso de la reforma constitucional y la Ley Orgánica a la Fiscalía General del Estado, se aprueben en el tercer periodo ordinario de sesiones o en las primeras sesiones de 2018.
De la Ley de Responsabilidades Administrativas, precisó que el acuerdo tomado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), es que los estados adopten la ley general y que desde las legislaturas locales se hagan los ajustes necesarios.
En el caso de Puebla -agregó el panista- el análisis que se hace es mantener la figura del juicio político y las facultades a las contralorías municipales, criterios que no considera la Ley General del Responsabilidades Administrativas.
Al aprobarse la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas se derogará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, la cual contempla sanciones para los actos ilegales y omisiones cometidos por los funcionarios del nivel estatal y municipal.
Carrancá gozará de escoltas tras dejar la FGE
Al concluir su gestión como titular de la Fiscalía General de Estado (FGE), Víctor Carrancá Bourget gozará del servicio de escoltas por un periodo de cuatro años.
La prestación para el funcionario estatal es propuesta del gobernador Gali Fayad, y también incluye a los titulares de las Fiscalías Especializadas, de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, así como al titular de la Agencia Estatal de Investigación.
Te puede interesar:
Flota es inamovible como Fiscal Anticorrupción: Carrancá
El servicio de escoltas para Carrancá Bourget, quien dejará el cargo en 2023, se argumenta en que su función tiene relación a los “delitos de alto impacto”, por lo que deben contar con la “protección adecuada”.
[relativa1]
Se sancionarán actos de corrupción
A la par de aprobar el servicio de escoltas para Carrancá y sus colaboradores, los diputados también analizarán reformas al Código Penal para incluir sanciones por actos de corrupción de los servidores públicos.
El proyecto que Gali Fayad envió en septiembre al legislativo, considera una pena de seis meses hasta seis años a quienes perciban un salario como funcionario público pese a no desempeñarse en el cargo.
Los actos de intimidación cometidos por los servidores públicos alcanzarían una penalidad de hasta siete años de cárcel, y de 12 años por uso indebido de atribuciones.
Pide Gali aumentar el número de magistrados del TJA
Ampliar de tres a siete magistrados el Tribunal de Justicia Administrativa, y que estos tengan, por única ocasión, un periodo de 13 y no de 15 años, es la propuesta hecha por el mandatario estatal.
La reforma constitucional de Gali Fayad es al párrafo tercero de la fracción X del artículo 12 de la Constitución.
El plazo fatal para la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa es el 15 de enero de 2018, fecha en la que se cumplen los 180 días naturales que consideró el decreto de la Ley Orgánica de esta institución, la cual se publicó el 18 de julio en el Periódico Oficial del Estado.
Dentro de las facultades que tendrá Tribunal de Justicia Administrativa es resolver las diferencias que se den entre particulares y las administraciones de orden estatal y municipal.
Los magistrados de este órgano dictarán sentencias en aquellos casos en los que exista un daño a la hacienda pública, determinarán los montos de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a los responsables de ocasionar un perjuicio a los entes públicos de orden estatal o municipal.
En agosto, el pleno del Congreso aprobó los nombramientos de María de Lourdes Dib Álvarez, Alfonso Siriako Guillén Almaguer y David Paz Moreno como magistrados del TJA.
[relativa2]